Hoy se reportó que varios guatemaltecos que fueron deportados de Estados Unidos serán procesados en nuestro país porque aquí falsificaron documentos de identidad para simular que se trataba de núcleos familiares con la intención de facilitar de esa manera el trámite de solicitudes de asilo en EE. UU. Investigadores de la Policía Nacional Civil contaron con la colaboración de personal del Renap para determinar la falsedad de la documentación que utilizaron para engañar a las autoridades migratorias norteamericanas y, en consecuencia, tendrán que enfrentar un juicio por el delito cometido, lo que les puede significar condenas de varios años de prisión.
Obviamente lo que hicieron los que falsificaron documentos de identidad para simular que eran miembros de una misma familia y de esa manera buscar beneficios que no les correspondían es no solo inaceptable sino que además es un flagrante delito que merece castigo de conformidad con nuestra legislación y eso nos debe llevar a entender que TODOS los casos de suplantación de identidades o de falsificación de documentos de identidad deben ser castigados y, sobre todo, repudiados por la sociedad.
Pero como Guatemala es muy peculiar, resulta que aquí a unos rusos que falsificaron documentos para hacerse pasar por guatemaltecos se les coloca en el podio del Palacio Nacional para descalificar a la entidad que tuvo participación en las investigaciones sobre cómo es que lograron hacerse de esa documentación en vez de haber tramitado asilo o refugio en el país. Asumiendo que tuvieron que huir de Rusia por razones políticas o criminales de un Gobierno que no se distingue por el respeto a los derechos humanos, tenían la opción de solicitar protección de acuerdo a la legislación internacional y Guatemala debió brindársela, pero en vez de eso recurrieron a una mafia que aprovechaba las fragilidades de nuestro sistema y nuestra ancestral tendencia a la corrupción para obtener certificados que hacían constar que habían nacido en Guatemala.
El que hayan incurrido en la ilegalidad es igual a lo que trataron de hacer los migrantes que simularon ser de un mismo núcleo familiar para facilitar, según ellos, su ingreso a los Estados Unidos. En otras palabras, se trata de un delito, por muchas justificaciones que se puedan esgrimir para justificar su comisión. Pero lo inaudito sería que el Presidente de la República invite a esas personas humildes que pagaron soborno para alterar documentos de identidad, al Palacio Nacional para ser presentados como una especie de héroes que merecen no solo el aplauso público, sino las disculpas de quienes investigaron los hechos y los llevaron a proceso.
Y es que el caso de los rusos, como muchos otros de los que usó el Gobierno de Morales para atacar a la CICIG, tiene que ser una especie de paradigma para entender cuán bajo hemos caído como país, al punto que no solo justificamos una actitud delictiva porque nos resulta conveniente desde el punto de vista político, sino que la aplaudimos y la colocamos como un ejemplo que se debe seguir. Si hubiera coherencia, Morales y sus autoridades tendrían que hacerse de la vista gorda con el caso de los migrantes y hacer, así, institucional la postura de aplaudir las falsificaciones de documentos de identidad.
