Walter Juárez Estrada
La Constitución de la República, regula las funciones de los diputados y de otras instituciones de Derecho Público, que son: la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, que es el ente que tiene el monopolio de la acción penal en nombre del Pueblo de Guatemala. Quien quebrante la normativa constitucional ordinaria, debe ser objeto de acciones penales. Algunos diputados se han inventado la “Comisión de la Verdad”, que es la misma comisión con otra denominación Anti CICIG, que busca -ilegalmente-, que los sindicados de actos corruptos -digan su verdad- de las incriminaciones que les formuló el órgano internacional que acompañó en todas las sindicaciones al MP, atreviéndose los integrantes de esa instancia legislativa, a citar a los supuestos agraviados, presentándose a las audiencias personajes muy oscuros que saquearon la hacienda pública.
El Ministerio Público, de oficio sin instancia de parte, debe abrir proceso contra los legisladores “usurpadores”, de no hacerlo se convierte en cómplice de esos actos absurdos y abiertamente ilegales, por las consideraciones relacionadas. Los que han acudido a la cita de los congresistas juran ser inocentes y han hecho una payasada al negar las imputaciones que les hizo el MP. Somos conscientes que en algunos casos, hubo abuso de poder con “testigos supuestamente idóneos”, que nunca debieron haber sido aceptados por los tribunales que sustanciaron y continúan con esos procesos, ahora sin el apadrinamiento de la CICIG, por las situaciones que son del dominio público, donde la figura central es y será el comediante-presidente Jimmy Morales.
Los diputados integrantes de esa Comisión Palma: Hernández Azmitia y Conde Orellana, aseguran sus adversarios, no tienen la calidad moral para formular preguntas, cuestionar a los indiciados y toda esa comedia que han inventado, que tarde o temprano, como una caja de naipes se desmoronará por no tener soporte legal y se han gastado miles de quetzales que han salido de los recursos que pagamos los guatemaltecos, con el personal de apoyo legislativo y será en su momento que la fiscal general María Consuelo Porras de Porres, conocedora de la ley, rinda cuentas si para el ente que dirige, las audiencias que realizaron los diputados, pueden servir de base para abrir una carpeta judicial contra los exfuncionarios del ente de la ONU. Cae de su peso que esas indagaciones son un revanchismo por el derrumbe de la corrupción en los 12 años que operó el ente internacional.
Dio grima y vergüenza que la magistrada “suspendida” de la CSJ. Blanca Aída Canhal Dávila (Stalling), haya jurado ser inocente de las incriminaciones en su contra. Es público el testimonio del exsecretario de la Corte Suprema de Justicia Rony López, que la relacionada le ordenó que llamara a su despacho al juez que sustanció el juicio IGSS-Pisa, para que liberara a su hijo Roberto; la imputada cuando fue aprehendida en un supermercado intentó ocultar su identidad con una peluca, amenazando con un revólver a los agentes captores. Si esos hechos son falsos, que los desvanezcan los agraviados en los tribunales y prediquen inocencia, porque no tiene validez. ¡La ley es la ley! El que se sienta libre de pecado… que lance la primera piedra.
