De fiesta están todos los criminales del país que recibieron el fantástico regalo de los 81 diputados del Congreso, mayoritariamente de las bancadas FCN y UNE, consistente en la considerable rebaja que, además, elimina por completo los incentivos para disponer de colaboradores eficaces que puedan contribuir al esclarecimiento de crímenes realizados por los miembros del crimen organizado. Especialmente festejan los corruptos (la Doña incluida), quienes no tendrían la obligación siquiera de devolver el dinero que se robaron, puesto que bastará con su “aceptación de cargos” para reducir penas tanto como para no tener que ir a prisión y estar en la calle disfrutando de la fortuna mal habida.
81 diputados son los responsables de esta nueva ley de impunidad que tanto daño hace al país porque estimula a los delincuentes que en vez de la certeza de castigo tienen la certeza de perdón en prácticamente toda la gama de crímenes habidos y por haber. Por supuesto que se trata de una nueva acción comparable a la que casi los mismos aprobaron en septiembre de 2017, cuando se produjo el último aire con remolino por parte de la ciudadanía guatemalteca que se apersonó en el Congreso impidiendo la salida de los diputados, quienes ante la presión ciudadana dejaron sin efecto el mamotreto legal comparable al aprobado esta semana.
Agobiados porque no lograron su sueño de opio, al elegir ellos a los magistrados que tendrían que conocer de casos que les afectaran, los diputados se lanzaron a la aprobación de una normativa legal que les favorezca en el caso de tener que responder ante la justicia. Y la aceptación de cargos, que tendría que ser un instrumento de justicia, se terminó manoseando para convertirla en un instrumento de impunidad, pero por supuesto que no se podía esperar otra cosa de este flamante Congreso que supera, por mucho, al que se convirtió en depurable en la segunda legislatura de esa era de mal llamada “apertura democrática”.
Para protegerse ellos mismos, los diputados protegen a toda clase de criminales y realizan un descarado llamado a delinquir mediante la notificación de que hay chance de gozar de una redención de penas dado el caso de que hubiera alguna sindicación en contra de alguien.
Ello expone a todos los ciudadanos honrados a la acción criminal que puede propagarse por todo el país y no habrá oportunidad de legítima defensa porque la negación de justicia está encarnada precisamente en esta mal llamada Ley de Aceptación de Cargos que es, en la práctica, una Ley de Aceptación de la Delincuencia.
