Ayer una mayoría de diputados dispuso realizar reformas al Código Procesal Penal, aprobando normas para la aceptación de cargos que han de beneficiar, de entrada, a los delincuentes que sean acusados de lavado de dinero, quienes verán su pena reducida hasta cincuenta por ciento si deciden admitir su culpabilidad, mismo trato que podrán recibir y gozar muchos de los implicados en los escandalosos casos de corrupción que se conocieron durante la vigencia de la que fue una importante lucha contra ese vicio en Guatemala.
Y decimos que hay que estar atentos porque lo de ayer fue una prueba para medir las reacciones de la ciudadanía. Los diputados apuestan a que en medio de tanta indiferencia, ellos podrían aprobar cualquier tipo de reformas legales para asegurar impunidad sin que exista siquiera un aire con remolino. Hay que recordar que fue una reacción de un sector de ciudadanos molestos lo que impidió que se concretaran las leyes de impunidad que ya habían sido aprobadas y que no cobraron vigor precisamente por la enérgica reacción ciudadana en ese momento.
Es un hecho que los políticos pueden llegar hasta donde los pueblos los dejen avanzar y en el caso de Guatemala pareciera que no tienen límite alguno porque los ciudadanos nos resignamos a expresar una que otra queja en las redes sociales y con ello, dando rienda suelta en breves líneas al malestar que nos embarga, quedamos satisfechos. Los políticos ya nos tienen tomada la medida y saben que aquí no habrá pueblo que reaccione como ha ocurrido en otras naciones latinoamericanas últimamente, donde el cansancio de la población se tradujo en un freno a las actitudes abusivas y despóticas de quienes ejercen el poder.
Se están cocinando varias leyes importantes, relacionadas con los temas penales, en las que se quiere limitar el peso e importancia de la declaración de testigos, con lo que diputados que han violentado la ley se pueden proteger de señalamientos en su contra, sobre todo si provienen de aquellos con los que hicieron tratos o negocios.
Estos días finales de la legislatura actual son críticos porque luego de haber fallado en su intento de dejar amarradas las Cortes para que fueran garantía y certeza de impunidad, se preparan para emitir normas que debiliten los casos en su contra y que impidan el avance de investigaciones serias y confiables.
Pero, repetimos, ellos avanzarán con voracidad hasta donde la ciudadanía les deje. Y tal y como están las cosas, pareciera que sus planes van sobre ruedas por nuestra proverbial y vergonzosa indiferencia.
