Durante cuatro años este gobierno mostró su incapacidad y nunca fue diligente en el cumplimiento de las funciones que le corresponden, pero resulta que a última hora, faltando apenas días para el fin de su mandato, está mostrando una extraordinaria diligencia para emitir acuerdos y asumir compromisos que dejarán amarradas a las futuras autoridades en muchos campos. Y eso resulta absolutamente sospechoso porque no se puede confiar en las buenas intenciones de quienes tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer las cosas bien, sin realizarlas, y ahora corren no sólo con licitaciones y contratos que resultan onerosos, sino también con decisiones que pretenden dejar protegidos sus intereses y los de la gente que ellos llevaron a mamar de la teta del Estado.
Es ampliamente reconocido que el actual es el peor gobierno que ha tenido Guatemala en su historia, empezando por un inepto gobernante que nunca entendió por qué fue electo por los guatemaltecos y que tras proponerse como paladín de la lucha contra las viejas formas de hacer política, ha resultado peor que aquellos a los que supuestamente estaba llamado a desenmascarar. Pero además es notable que se ha rodeado del peor gabinete que registren los anales históricos, no sólo por la evidente falta de preparación sino por la notoria ausencia de sentido ético que ha caracterizado esta gestión que queda como muestra del peor error cometido por los electores en nuestro país.
Es cierto que los mandatos se terminan hasta el último día y por ello estas autoridades tienen el poder de suscribir contratos y de asumir compromisos, pero no puede pasarse por alto que es evidente la ausencia de visión de Estado y la predominante ambición e interés por asegurar formas de enriquecimiento y de beneficio para los que han sido protegidos del régimen.
En prácticamente todas las dependencias públicas y todos los ministerios de Estado se está aplicando la tristemente célebre Ley de Hidalgo y todos los pasos se ven orientados al beneficio directo de los funcionarios que asumen esos compromisos, sin que importe en absoluto que el próximo gobierno ya haya anunciado que va a declarar lesivos casi todos esos contratos que se puedan suscribir a la carrera en estos últimos días de gestión.
Se trata de dejar amarradas las obligaciones que aseguran las últimas coimas, aunque los mismos oferentes sepan que quedarán anuladas prácticamente de forma inmediata, pero saben que ello les abre la puerta para una intensa batalla legal en la que las debilidades del sistema les ofrecen una oportunidad y esperanza de asegurar el negocio.
