La última andanada de ataques contra la Corte de Constitucionalidad, patrocinada por sectores que aún se resienten por los efectos de la lucha contra la corrupción, se ha centrado en que esa instancia legal prolongó, sin facultades, el mandato de los actuales magistrados, creando así un embrollo institucional que hasta tildan de ausencia de certeza legal. Cierto es que ahora lo hacen ya por interpósita mano, recurriendo a organizaciones radicales para que den la cara frontalmente, pero es obvio que atrás de esos grupos de fachada está el gran poder fáctico de este país, responsable no sólo del fin de la lucha contra la corrupción sino de haber institucionalizado ese vicio como instrumento para crear, asegurar e incrementar sus enormes privilegios.
En una especie de explicación de la ley para “dummies” o seres no pensantes, ayer la CC dijo que ellos no ordenaron en ninguna resolución la prolongación del mandato de los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, puesto que todo estaba claramente regulado en el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, en el que se establece que los administradores de justicia no pueden retirarse del cargo, bajo ninguna circunstancia, en tanto no puedan entregar el cargo al sucesor.
Dijeron en su comunicado, presentado por el vocero de la Corte, que la opinión consultiva que emitieron tras la pregunta que hacía la Corte Suprema de Justicia era simplemente eso, una opinión consultiva sin efecto vinculante, y que por ello fue que la misma CSJ emitió una resolución, esa sí vinculante, refiriendo los hechos al tenor del artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial.
El ataque contra la CC debe entenderse en el marco de lo que para los fines de los promotores de impunidad significa la suspensión del proceso de conformación de las Cortes que venía a ser como la joya de la corona para quienes promoviendo impunidad están alentando y consolidando el régimen de corrupción en el país. Y es que el período del 2015 al 2018 se convirtió en una pesadilla que no quieren volver a sufrir y saben que sin disponer de autoridades judiciales apalabradas para que lleguen a proteger a los que han sido históricamente intocables en el país, todo se les puede derrumbar porque volverán, tarde o temprano, tiempos en los que sus sucios manejos vuelvan a salir a luz.
Quede claro, pues, que la prolongación del mandato de los magistrados de Sala y de la CSJ está ordenada expresamente por la Ley del Organismo Judicial.
