Por Jorge Santos
La semana pasada se anunciaba quienes integrarían el Gabinete de Seguridad del próximo gobierno. Prácticamente este Gabinete estará compuesto por militares, casi todos generales de la vieja guardia y formados en el marco de la contrainsurgencia, dando vida así a la premisa que “los militares creían que para que el Ejército pudiera subsistir, tenían que dar apariencia de democracia, en la que podían operar las élites de ciertos sectores civiles (…)” (Schirmer, 1999 pág: 51); dando así el impulso a la configuración de una estrategia que a través de distintos métodos mantuviera en el poder tanto a militares como al poder económico tradicional, aún y cuando esto suponga violencia, pobreza y corrupción”.
A esta premisa asistimos desde la asunción de Morales al poder y con él la Alianza Criminal; ya que asistimos a la vieja configuración de privilegios para la élite económica, basada en la instalación del neomilitarismo, el cual impulsa los mismos procesos, la misma institución, la misma estructura económica con ciertos cambios políticos, son las mismas estrategias militares de la época de la guerra las que se están llevando a cabo, pero ahora en el marco de la legalidad y frágil institucionalidad.
Esta militarización surge como respuesta a una crisis económica, política y social; que entre sus objetivos centrales está el control social, así como el carácter mesiánico de quien es identificado como el líder del proyecto; la permisividad a la corrupción del círculo cercano a dicho proyecto, la homogenización cultural y el fascismo como factor ideológico predominante, la alianza con la oligarquía, el terror por medio de la violencia, la disminución de la inversión social y la explotación de los recursos naturales.
Cada vez más, se hacen visibles los elementos anteriormente citados. Desde ya se arranca un proceso de ocupación territorial por parte de las fuerzas armadas, a través de estados de Excepción, se profundiza el modelo policial de control social, particularmente de aquellas que están en resistencia frente al poder constituido, se impulsa el proceso de represión a través de diferentes mecanismos, tales como la difamación, la criminalización, incluso la desaparición física del liderazgo social u opositor al proyecto.
De tal cuenta que al hacer el recuento de hechos durante el gobierno de Morales y la conformación del Gabinete de Giammattei, se logra observar el otorgamiento de mayores niveles de privilegios al capital privado, aún y a costa de la entrega de nuestros recursos naturales, el incremento paulatino de los hechos delincuenciales, el control social a partir de la remilitarización de la sociedad, la hegemonía cultural para legitimar el proceso de violencia en contra de los pueblos indígenas y la imposición de un modelo que pretende perpetuar la condiciones de enriquecimiento, aunque este provenga de recursos públicos, en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Frente a ello, articulación social y popular y organizar la resistencia a este modelo y su proyecto, que sin lugar a dudas vino a consolidarse.
