Juan Antonio Mazariegos G.
Conocí Santiago a inicios del presente siglo, la capital de Chile era ya para entonces el centro de las miradas y la envidia de todo el Continente, su dinámica economía generaba empresas que dentro y fuera de sus fronteras producían riqueza y empleo; se habían construido ya los primeros ramales del metro de Santiago, se desarrollaba para aquel entonces la planificación de la autopista que bajo el lecho del río Mapocho conduciría a los automovilistas hacia el aeropuerto Arturo Merino, una obra que para mis pocos conocimientos de ingeniería e infraestructura parecía como arrancada de una historia de ciencia ficción y Santiago era la Meca de muchos estudiantes que como yo, llegaban a Universidades de Primer Nivel a buscar estudios de licenciatura o posgrado en instituciones como la Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la misma Universidad Nacional de Chile.
Con el transcurso de los años, diversas instituciones como el Foro Económico Mundial confirmaban a Chile como el mejor país de la región latinoamericana en cuanto a educación superior y formación profesional, y de igual manera como el país más competitivo (2018). El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas ubica a Chile en el puesto 44 del mundo (México 74, Colombia 90, Guatemala 127), su Producto Interno Bruto, per cápita, de conformidad con índices del Banco Mundial se encuentra en los $15,923.40 (Guatemala $4,549, según datos del 2018) y su índice de alfabetismo supera el 99% de su población. Chile, según los datos expuestos es un modelo a seguir, un éxito económico y de desarrollo.
Al amparo de las cifras anteriores cuesta enormemente entender los hechos y las noticias que desde el pasado 7 de octubre se han vuelto comunes en el país más austral del Continente. Más de 100 estaciones del metro de Santiago han sido incendiadas, según diversas fuentes los daños superan ya los 700 millones de dólares y van más de 20 muertos en medio de las protestas callejeras. Se buscan culpables en el modelo de gobierno, pero se olvidan los detractores que en Chile se ha producido el mejor modelo de alternancia en el poder, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se han repartido las últimas cuatro elecciones desde el 2006, representando respectivamente coaliciones de izquierda y de derecha, recién se ha iniciado (2019), el segundo mandato de Piñera por lo que no se puede atribuir, con exclusividad a uno u otro modelo de gobierno los hechos que han traído las revueltas y protestas, así como la destrucción que han provocado las mismas.
Pero entonces ¿Qué sucede en Chile?, se dice que el modelo ha llevado a la desigualdad, se dice que son jóvenes insatisfechos con su presente y su futuro quienes protestan en las calles, se dice por otro lado que son movimientos organizados que aprovechan las protestas para saquear y destruir el patrimonio de todos los chilenos. Un joven universitario chileno con quien tuve la oportunidad de conversar la semana pasada y que había participado en las protestas me decía: en Chile ya no se puede, el gobierno y el Presidente ya no dan nada, migraré. La pregunta cabe entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Más allá de educación, empleo, salud y vivienda, que un Estado como el chileno puede brindar, ¿Cuándo empieza la responsabilidad del individuo por hacerse cargo de su futuro? ¿Cómo se puede complacer a todos?
