Como todos los años, los diputados están a punto de aprobar un Presupuesto General de la Nación que, desde luego, se proyecta y aprueba con la mentalidad que prevalece en nuestro sistema político, es decir, pasando por alto las verdaderas y sentidas necesidades de la población, para concentrar los recursos en cuestiones que interesan a los corruptos y de allí que, por ejemplo, se asignen millonarias aportaciones a entidades no gubernamentales que gozan del “cariño” del gobierno y de los diputados al Congreso, con lo cual prácticamente está dicho todo sobre el giro y la calidad de esas organizaciones privadas.
En un Estado que ha perdido por completo el sentido de sus funciones esenciales, puesto que ha sido capturado para que se encargue únicamente de velar por los privilegios y facilidades que se otorgan a los captores, es natural que la aprobación del Presupuesto se convierta en un verdadero sainete porque no se está persiguiendo la correcta y efectiva utilización de los magros recursos del Estado, sino que se está preparando el camino para que ese dinero pueda seguir siendo el botín que produce la lucrativa asociación entre políticos y particulares que se reparten el jugoso pastel.
Es inaudito que teniendo el Estado serios problemas hasta para recaudar, se elaboren presupuestos inflados que se traducen en escasa ejecución presupuestaria pero que entregan, puntualmente, recursos a las entidades con las que hay compadre hablado para que sirvan a los intereses de la clase política de turno, misma que está por cambiar luego de las elecciones, pero que todavía se quiere llevar la última tajada con la aprobación de ese mamotreto llamado Presupuesto, que se elabora sin criterios técnicos porque, al fin y al cabo, no apunta a la solución de ninguno de los problemas que tienen algo que ver con el bien común.
En países con las condiciones de pobreza y retraso en la infraestructura que presenta nuestra Guatemala, las prioridades se debieran tener muy claras si hay ejercicio de la función pública en razón de Estado. Pero cuando el ejercicio de la función pública está supeditado a la corrupción, que se ha asentado como el vicio mayor de una sociedad, uno tiene que entender que el Presupuesto no es más que el marco para hacer que cuadren precisamente los intereses de los corruptos y de los corruptores, es decir, para que pueda asegurarse la asignación de partidas para aquellos negocios que convienen a los grupos mafiosos que se han asegurado el control del poder.
Los fondos públicos están por ser repartidos, por enésima vez, en el marco de la corrupción.
