Raúl Molina
Con plena convicción de estar en lo correcto, aunque se me pueda ver como iluso, por algunos, o subversivo del orden legal, por otros, afirmo que, para iniciar la solución de la crisis nacional, profundizada en cuatro años por la dictadura de la corrupción y el Pacto de Corrupción, el Congreso de la República debe ser cerrado ya. Correspondería a la Corte de Constitucionalidad decretar el cierre por desacato del Congreso a la Constitución; pero esa decisión el Ejecutivo no la acataría. Tampoco se podría cerrar exigiendo a las y los legisladores que renunciaran, porque dichas personas carecen de ética. Por lo tanto, el cierre del Congreso queda en las manos del Pueblo, al convencerse de que su continuidad polarizaría aún más la sociedad y podría provocar un estallido social. La crisis en Chile, en donde el Pueblo exige un nuevo Pacto Social, Asamblea Nacional Constituyente y nueva Constitución, que borre la herencia de la dictadura pinochetista, nos ilustra que las soluciones a las crisis pasan por medidas radicales, aunque se les quiera tildar de “inconstitucionales” o “ilegales”. Recordemos que la soberanía radica en el Pueblo y que, si éste quiere cambios esenciales y necesarios, no hay “documentos sagrados” ni tribunales de constitucionalidad que puedan detenerlo.
La experiencia de Chile nos muestra que aún las acciones pacíficas de ciudadanas y ciudadanos pueden terminar en brotes de violencia. La protesta social, al ser reprimida violentamente, se enardece aún más y a veces se generan estallidos de imprevisibles consecuencias. La brutalidad y las violaciones de derechos humanos perpetradas por los Carabineros llevó a enfrentamientos callejeros y la espiral de violencia se elevó hasta cobrar más de veinte víctimas mortales en la población. Adicionalmente, acciones violentas de pequeños grupos, tolerados y/o promovidos por las fuerzas del orden, causaron destrozos importantes, incendios y saqueos. Las acciones descabelladas del Congreso de Guatemala, así como los habituales abusos del Poder Ejecutivo, elevan constantemente la indignación de ciudadanas y ciudadanos. Al no ver respuesta, estos funcionarios arrogantes y prepotentes creen que pueden seguir cometiendo toda clase de abusos hasta el último día en el cargo. Ni ellos, ni quienes esperan ocupar gobierno y Congreso el 14 de enero de 2020 se dan cuenta de que el estallido social está a la vuelta de la esquina, con impredecibles consecuencias. Así, nuestro llamamiento a que el Pueblo cierre el Congreso de inmediato no es subversión, sino que acción preventiva, para impedir la violencia desenfrenada y destructiva a la que pueden llegar las masas enardecidas. Los cambios radicales son imparables; pero sería mejor que se alcanzaran en un marco de paz social y política. Me he sumado a una propuesta ante la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala para el cierre del Congreso, la cual, como primer paso de una estrategia para enfrentar a la dictadura de la corrupción, considera la firma del “Acta de Cierre del Congreso para la Dignidad del Pueblo de Guatemala”, para ser sometida a firma de la ciudadanía.
