Ayer el Washington Post informó que el gobierno de Estados Unidos está dando los últimos pasos para iniciar la deportación hacia Guatemala de solicitantes de asilo que habiendo pasado por Guatemala no hayan solicitado esa protección aquí, lo que confirma que el famoso “acuerdo migratorio” que tanto Washington como las autoridades guatemaltecas se niegan a calificar como de Tercer País Seguro es eso, precisamente.
Y todo el esfuerzo por rebautizar al acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos es por el interés que tienen de jugarle la vuelta a la necesidad de que un acuerdo de Tercer País Seguro tenga que ser aprobado por el Congreso de la República, tal y como lo estableció con meridiana claridad la Corte de Constitucionalidad, y por más que el asesor de la Casa Blanca insista en que no se debe hablar de país seguro en todo lo que tiene que ver con el acuerdo entre ambos países.
El gobierno de Guatemala desconoce, según fuentes oficiales, que esté a punto de iniciar el masivo envío de migrantes que solicitaron asilo en la frontera de Estados Unidos y no lo hicieron previamente en Guatemala, pero hay que decir que el acuerdo no está debidamente refrendado y que tampoco puede aplicarse con efecto retroactivo, según la legislación guatemalteca. En otras palabras, tendría efecto para aquellos que hagan su solicitud de asilo después de que el acuerdo entre los dos países esté firme y haya cumplido con todos los pases de ley.
Ya sabemos que, en el tema de la migración, que es puntal de la campaña electoral de Trump y acaso hasta más importante que la investigación del Caso Biden, se usó el mismo mecanismo de chantaje y extorsión que ha dado lugar a la investigación para el juicio político al Presidente de Estados Unidos por haber usado la ayuda a Ucrania como elemento de presión para obligar al gobierno de ese país a adoptar acciones que beneficien su plan de reelección.
Y el mismo jefe de equipo de la Casa Blanca, justificando lo de Ucrania, dijo que también a los países centroamericanos se les quitó la ayuda para que acepten el plan de reforma migratoria que impulsa Trump, precisamente como piedra angular de su esfuerzo por reelegirse, confirmando nuestra tesis de que se usó la extorsión y el chantaje, al mejor estilo de los mareros, para lograr un directo beneficio político, dando además ejemplo a otros que, usando la misma extorsión y el mismo chantaje, han presionado a medios para que se suban al carro de los promotores de la impunidad.
