El 20 de junio del año 2004 la Corte de Constitucionalidad declaró la inconstitucionalidad del artículo del acuerdo de creación del Parlamento Centroamericano que otorgaba inmunidad a los diputados guatemaltecos que se incorporaran a ese cuerpo colegiado, incluyendo entre ellos a quienes habían ejercido en el período anterior los cargos de Presidente y Vicepresidente de Guatemala. La arremetida fue contra Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes López, a quienes el Ministerio Público había puesto el ojo con el acompañamiento de poderosos sectores económicos que así les pasaron factura a esos dos funcionarios.
El fallo puede considerarse como casuístico, producto de una acción interpuesta por el abogado Alfredo Skinner Klée, (hermano del embajador de Jimmy Morales ante la ONU y fiel sirviente suyo en la lucha contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad y contra Iván Velásquez), pero obviamente pasó a formar parte de las resoluciones de la CC en materia de constitucionalidad de las normas vigentes y por lo tanto afecta al consentido de las élites, el señor Morales, quien tan eficientemente ha trabajado para reconstruir el tejido del sistema de impunidad tan valioso para quienes lograron la captura del Estado.
El constitucionalista Gabriel Orellana, quien fue Canciller en la época de Portillo y de Reyes López, comentó el pasado viernes la situación de la inmunidad de Morales e hizo ver que el día de la toma de posesión del nuevo gobierno, en el momento en que es juramentado como Presidente el ciudadano electo por la votación popular, Morales puede ser detenido porque pierde su investidura como mandatario que apareja la protección del antejuicio y la inmunidad.
Es importante señalar que en Guatemala la inmunidad se convierte en un parapeto y protección para impedir que los que delinquen en el desempeño de funciones públicas puedan ser siquiera investigados, no digamos condenados por los crímenes que cometen. El tema de las inmunidades tiene que ser revisado junto a la reforma del sistema de justicia porque no es correcto que ante la ley haya ciudadanos de diferentes categorías y que los políticos que escalan a posiciones de poder en cargos públicos tengan la certeza de que contra ellos no se puede accionar por graves y evidentes que sean los crímenes cometidos.
Desde el caso de un diputado, en los albores de la llamada era democrática, involucrado en un crimen pasional hasta los más recientes de rampante corrupción, es obvio que el sentido del antejuicio se ha trastocado y que no cumple con la finalidad de impedir acusaciones espurias, sino que es una coraza a favor de los delincuentes.
