Francisco Cáceres Barrios
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Si nos apegamos a la expresión de que los diputados son los representantes del pueblo, cosa que en Guatemala hace muchos años que no es así, entonces la población ha caído en el ridículo cuando los diputados, pasándose sobre cualquier disposición legal montan una Comisión y se arrogan funciones que no les corresponde, aun pasándose por encima de la misma Constitución, pretendiendo que el Presidente de la República pueda despedir cuando mejor le plazca a quien ocupe el cargo de Fiscal General de la Nación, cuando en el quinto párrafo de su Artículo 251 dice claramente que puede hacerlo únicamente “por causa justificada debidamente establecida”.
Sabiendo los diputados de su ignorancia, cuentan con innecesaria cantidad de asesores designados con absoluto libertinaje, pero ninguno es capaz de advertirles que con solo manifestar la intención de cometer constantes barrabasadas también caen en ridículo. Últimamente he escuchado opiniones sobre que el actuar de los diputados se debe a que se dejan llevar por intereses personales o por haber sesgado su actuar político con tal de demostrar estar haciendo algo, pero eso deja al descubierto que, aplicando la elemental lógica, demuestran no ser capaces de discernir entre lo correcto e indebido y así no poder retribuir de alguna manera al voto de sus electores.
Pedir que los diputados exijan al Ejecutivo la realización y divulgación del censo de empleados públicos para poder medir con exactitud el caos en que se encuentra la administración pública o fiscalizar sus operaciones, es como pedirle peras al olmo. Exigir de los diputados la emisión de la tan ansiada ley de aguas; la promulgación de las leyes necesarias para proteger nuestro medio ambiente; analizar la ejecución presupuestaria periódicamente para velar por su debida implementación o velar porque las inversiones públicas sirvan eficazmente para generar más y fructíferos empleos en el país, provoca que seamos entonces nosotros los que caigamos en el ridículo.
Por lo anterior no queda otra que sea la ciudadanía representada en las organizaciones civiles del país la que tome cartas en el asunto para no seguir haciendo el ridículo de esperar que las autoridades constituidas cumplan con sus deberes. No hay otra opción. Debemos luchar a brazo partido porque las instituciones ya creadas cumplan con sus deberes y a la vez fomentar lo necesario para que cada autoridad cumpla con sus obligaciones, lo que únicamente se podrá lograr cuando la ciudadanía tenga la capacidad de poder revocar aquellos mandatos que no se cumplan, siguiendo siempre la norma de hacerlo siempre y cuando la causa justificada sea debidamente establecida.
La corrupción ha hecho tanto daño a nuestro país que el poder paulatinamente se le fue yendo de las manos al Estado, fuera para combatir el crimen, hacer funcionar las instituciones o darle mejores oportunidades de subsistencia a la población. ¿Por qué entonces seguir cayendo en el ridículo de esperar que otros lo hagan y nosotros ponernos a trabajar en favor del país, no en su contra?
