El caso de la acusación que ayer presentó el exfiscal adscrito a la FECI, Andrei González, en contra de la Fiscal General de la República y del Director de Política Criminal del Ministerio Público, no debe caer en dimes y diretes, es decir, en réplicas y contrarréplicas vertidas en declaraciones públicas, sino que procede una investigación independiente, que permita establecer la veracidad de los hechos con relación a las causas que llevaron a presentar el Caso de Financiamiento Electoral Ilícito en contra de Sandra Torres y el partido UNE hasta cuando la sindicada tenía ya en mano la credencial que la acreditaba como candidata presidencial, con la inherente inmunidad que impedía el encausamiento.
De las cuestiones puntualmente criticadas a la gestión de la fiscal general Consuelo Porras fue esa especie de “casualidad” que benefició a la candidata presidencial de la UNE en un caso que ahora, después de la campaña y la elección hasta la segunda vuelta, se está ventilando en los tribunales de justicia. El fiscal González aporta, en su denuncia, detalles y fechas de las reuniones que se sostuvieron, así como el contenido de las discusiones, respecto a la forma y el tiempo en que debía procederse, situaciones que debieran ser de fácil verificación viendo la bitácora de las actividades en el despacho de la jefa del Ministerio Público, además de la declaración de testigos que pudiera ayudar al esclarecimiento de los hechos.
La fiscal Porras ayer desmintió todo lo dicho por González en un típico caso de dimes y diretes, pero la gravedad del asunto obliga a una investigación seria e independiente que pueda establecer si hubo o no, en ese caso, obstrucción de la justicia para favorecer a alguno de los sindicados. Señala el Fiscal denunciante que recibió instrucciones para no proceder en contra del diputado Orlando Blanco, a pesar de evidencias en su contra, y que por expresa decisión de la autoridad superior fue removido del instrumento en el que se solicitaba antejuicio contra varios diputados de la UNE.
Hoy por hoy el hecho claro y concreto es que la acusación contra Sandra Torres se produjo cuando ya tenía inmunidad pese a que se había agotado la investigación varios meses antes. ¿Qué causó esa dilación y cuáles fueron los argumentos para contener a los fiscales que habían llevado el caso? Eso es precisamente lo que debiera esclarecerse en el marco de una investigación que tiene que ser lo más transparente posible porque está implicada la encargada de llevar a cabo la acción penal en el país.
