Por: Adrián Zapata
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El pasado fin de semana se logró un acuerdo entre el gobierno de Ecuador y las organizaciones indígenas con relación a las movilizaciones que éstas impulsaban y que llevaba ya más de diez días. La conflictividad se derivó de la promulgación, por parte del gobierno de Lenín Moreno, del Decreto 833, que había eliminado el subsidio a la gasolina y al diésel, con lo cual se incrementaba el precio de dichos combustibles más allá del cien por ciento. Este aumento obviamente produciría un efecto en cascada que elevaría sustancialmente todos los precios y, por ende, deterioraba de inmediato el nivel de vida de la población.
Jaime Vargas, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Conaie, al referirse al acuerdo alcanzado con el gobierno expresó: “Los ministros Jarrín y Romo se deben ir a la casa, deben renunciar y deberían pagar por los muertos de nuestros hermanos y hermanas”. Ellos son los ministros de Gobierno y de Defensa. Marlon Santi, otro dirigente indígena, dijo que “este diálogo debió suceder antes, no después de los muertos…”.
Es muy importante señalar el rol positivo que jugaron las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de ese país en el logro de este acuerdo.
El gobierno ecuatoriano niega que haya habido muertos, pero hay muchos actores sociales que así lo han denunciado, además de videos circulados en las redes sociales que muestran la letalidad de las armas y de las acciones realizadas por las fuerzas represivas.
Como contexto debe tenerse presente que Lenín Moreno fue un candidato electo como sucesor de Rafael Correa, quien gobernó ese país durante diez años (2007/2017) y es un personaje de izquierda. Ecuador logró, con la llegada de Correa a la presidencia, superar un complejo período de inestabilidad social y política, caracterizado por la volatilidad de quienes ejercían dicho cargo, al no resistir la movilización social que los expulsaba del ejercicio de la Presidencia. Su gobierno se reivindicó como abiertamente antineoliberal.
Sin embargo, las acusaciones de corrupción terminaron por afectar el fuerte liderazgo de Rafael Correa, quien también fue señalado de autoritario. En consulta popular los ecuatorianos, a principios del año pasado, impidieron la posible reelección de su Presidente.
La promulgación del Decreto 833 no es una acción aislada, se produce como consecuencia de un giro drástico en la política económica y social de Lenín Moreno, quien se distanció de su antecesor y padrino político, con el sempiterno discurso de las derechas del continente que reiteradamente critican el “populismo” y “paternalismo” de los gobiernos de izquierda y continúan con su deificación del mercado. Moreno pasará a la historia como un traidor a las ideas con las cuales conquistó el poder político.
Las alertas que debemos observar con atención en el continente son importantes. El péndulo ciertamente se ha movido a la derecha, los señalamientos de corrupción (reales o fabricados) y el aferramiento individual al poder político debilita los procesos de transformación que impulsan las izquierdas. Pero, al mismo tiempo, hay que tener presente que la indolencia de las derechas que a sangre y fuego quieren abatir los avances sociales que logran los gobiernos progresistas, más temprano que tarde provocarán la ira incontenible de los pueblos.
