Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
La fiscal general, Consuelo Porras, dijo la semana pasada lo que establece la ley en el sentido que es la Corte de Constitucionalidad (CC) la que tiene la máxima interpretación de la Constitución y dio tales declaraciones en medio de sendos comunicados y una enorme presión de algunos que operan para que los nuevos magistrados se elijan en medio de vicios en el procedimiento porque desean instalar una Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tener salas que den las mejores garantías de impunidad.
Desde el 2018 a la fecha, este Gobierno y el actual Congreso han venido desobedeciendo, minando la independencia de la CC y atacando a sus magistrados, tres de ellos en particular, al punto que han usado a la Procuraduría General de la Nación (PGN) como el “bufete privado” de Jimmy Morales en su ataque a la CC y en el Congreso, hasta le pagaron Q600 mil a unos exconstituyentes para que iniciaran acciones contra Boanerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Gloria Porras.
La CSJ le dio trámite al antejuicio de los “contratistas” del Congreso y la CC tuvo que autoampararse. Reconocidos abogados (tanto en el ámbito privado como en el servicio público) se pronunciaron en defensa del Orden Constitucional y pidiendo respeto a la CC.
Desde las desobediencias de 2018 se le ha venido exigiendo a Consuelo Porras que actúe en contra de los desobedientes, pero en aquel entonces su excusa era que la CC debía indicarle que se estaba desobedeciendo. El 19 de febrero de este año, Porras una vez más quiso decir que se “investigaba” si había existido desobediencia y esta es la fecha en que seguimos esperando. Vaya eficiencia.
Y ahora que desobedecieron a la CC con el tema de la Comisión anti CICIG, que trabajan para ignorar lo resuelto en el tema de la elección de magistrados, creo que es momento de retomar los orígenes de las desobediencias y pronunciarse respecto a las mismas. Una resolución de esa naturaleza, sin duda no la cumplirán, pero no le dará más excusas a Porras para ejecutarlas.
El artículo 78 de la Ley de Amparo, establece: Desobediencia. La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución, además de las otras sanciones establecidas en las leyes.
En virtud de lo anterior, es menester que la CC ordene las destituciones correspondientes y eso ya no le dará más excusas a Consuelo Porras porque, primero, seguramente querrán desobedecer una vez más, no dejarán su puesto y Porras deberá actuar; segundo, porque además de la destitución se deben enderezar las acciones penales correspondientes (artículo 54 Ley de Amparo) que van más allá de la vigilancia y, tercero, a ver si ahora le interesa hacer algo cuando ya sabe que la UNE y otros van por su cabeza siendo esa la función primordial de las reformas a la ley del MP que quieren lograr.
Desobedecer a la CC tiene que tener consecuencias e, incluso, aquellos terceros que siendo extraños en un proceso de amparo, que lean el artículo 79 de la Ley de Amparo y sin duda alguna se preocuparían por no ser tan descarados. Pero como sienten que Consuelo Porras es su operadora en la Corporación de Impunidad, les vale gorro pedir que no se cumpla una resolución de la Corte Constitucional.
Los problemas de Guatemala son reales y profundos. Necesitamos una reforma al Sector Justicia por muchas razones, una de ellas porque no podemos construir una economía integral sin Estado de Derecho, pero debemos empezar porque se respeten las resoluciones de la CC y por eso es necesario que se destituya a los desobedientes a la brevedad.
Solo así volverán a respetar a una Corte que Morales y aliados, se han encargado de destruir como al igual que hicieron con la poca “competitividad” en el país.
