Posiblemente lo más trascendente que se intentó hacer en el tiempo que duró la lucha contra la corrupción fue la reforma constitucional al Sector Justicia porque con esa iniciativa se iba al fondo del asunto que alienta la impunidad tan conveniente para quienes se enriquecen con el aprovechamiento de los recursos del Estado. Se ha dicho que si bien es indispensable el castigo a los ladrones que lucran recibiendo sobornos o traficando influencias, de nada sirve tal castigo sin que se modifiquen las circunstancias que son promotoras de la corrupción y la impunidad.
Y precisamente eso se buscaba con la reforma al Sector Justicia que iba, básicamente, a la revisión del modelo que existe para la elección de Magistrados para todas las instancias, incluyendo también al Tribunal Supremo Electoral y la misma Corte de Constitucionalidad. El meollo del problema está en la prostitución que se hizo de las Comisiones de Postulación, puesto que inicialmente se pensó que era sanco trasladar a la academia el papel de filtro para evitar el manoseo de los intereses políticos, pero lamentablemente lo que ocurrió fue que se contaminó la que era respetada academia y terminó finalmente prostituida al punto de que, para citar ejemplos, se crean universidades de garaje y hasta en la universidad nacional, la autónoma de San Carlos, desapareció aquella tradición de elegir como Rectores y Decanos a verdaderos personajes, haciendo que mediante el financiamiento de las campañas electorales a lo interno de la Usac se degradaran esas posiciones.
Viendo el embrollo actual, provocado por la captura de las postuladoras que se saltaron las trancas junto al Consejo de la Carrera Judicial para obviar la calificación ordenada por la ley, sostenemos que es tiempo de retomar el rumbo de aquella reforma que fue impedida por quienes se benefician con un Poder Judicial capturado desde ese proceso de postulaciones en el que se mueven como pez en el agua los operadores que son los encargados de poner la justicia en pública subasta para que sirva al mejor postor.
Rasgarse las vestiduras porque se ha prolongado el mandato de las actuales cortes en busca de un proceso limpio y no reparar en que están defendiendo un sistema viciado que asegura negociaciones para elegir magistrados que no estarán al servicio de la justicia sino de la impunidad, es impropio. Pero resulta que ni siquiera se cuidaron de guardar las formas y hacer la pantomima de que se estaba cumpliendo con la ley, porque estaban seguros de ese sólido respaldo de sectores beneficiados por la impunidad que hablan de ruptura constitucional.
