Fernando Mollinedo C.
La palabra imposición indica la exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien para que acepte o rechace alguna idea, propuesta o incline su favoritismo hacia determinado resultado por obtener.
Lo anterior deviene de las contradicciones lógicas que se manifiestan por la exposición de criterios o ideas, ya sea en los distintos campos del quehacer humano como la religión, política, jurisprudencia, criterios económicos o en la simple conversación cotidiana.
La Historia de Guatemala en materia política nos muestra la conducta abusiva, intolerante, mal educada, prepotente, fantasiosa, presuntuosa, vanidosa, agresiva, aletargada, indolente y muchos calificativos más en el ejercicio de cargos públicos por “elección” por designación, golpes de Estado y algunos por chiripazo de la vida que los colocó como funcionarios y empleados de toda categoría.
Aquí en Guatemala, por muy pequeño que sea el ejercicio del poder convierte a quien lo tiene en condición de “todólogo”, es decir que todo lo sabe y todo lo puede, circunstancia que se vive cuando los policías de cualquier institución o los empleados de menor categoría y de ventanilla, las recepcionistas de las clínicas del IGSS, buscan cualquier pretexto para demostrar que ellos son quienes, ante uno, tienen el poder de decisión.
Ya no digamos un director de escuela o de instituto, supervisor educativo, inspector de trabajo o del IGSS, supervisor de tribunales y cualquier cargo por ínfimo que sea, le otorga poder a personas que a pesar de tener una cultura regular se comportan como unos verdaderos patanes, ignorando o haciéndose los locos de saber que son los usuarios quienes pagan su sueldo o salario.
Los presidentes de Guatemala siempre han tenido la razón pues –según ellos– en cuanto a lo que explicaron, dijeron y justificaron a la población lo consideran cierto; y sus adláteres funcionarios –lacayos– que lo secundan, aunque sufran la pena ajena, se hacen toda clase de babosos.
Profesionales del derecho afamados por su larga trayectoria y su paso por varias instituciones, sabiendo que no manejan la verdad, se vuelven y/o volvieron sofistas para quedar bien con los mandamases de turno avalando toda clase de estupideces jurídicas que rebuznan los funcionarios a cambio de favores o dinero. Pero con el poder quieren imponer sus razones y llegan a extremos de convertir sandeces en reglamentos, acuerdos y leyes.
Por mucho dinero que logren obtener –lícita o ilícitamente– su prestigio y el de sus familiares será enlodado y como estigma envolverán a sus generaciones posteriores; vale la pena recapacitar y tratar de recuperar con conductas legales y corteses, el prestigio perdido de que los funcionarios y empleados públicos fueron honrados servidores.
Ya no es tiempo de lacayos (criados o sirvientes cuya principal ocupación era acompañar a sus amos en sus desplazamientos) ni de lameculos (persona aduladora y servil) se supone que la sociedad guatemalteca durante los 198 años de independencia ha madurado por medio de la educación y sus valores éticos y morales. Es tiempo de recuperar la dignidad.
