Factor Méndez

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Defensor Derechos Humanos. Catedrático. Periodista/Escritor. Estudió Derecho, Derechos Humanos y Trabajo Social en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Catedrático San Carlos y Rafael Landívar. Fundador Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH. Autor de ensayos y artículos sobre temas sociales, políticos, memoria histórica y Derechos Humanos.

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Factor Méndez Doninelli

Hoy se cumplen 70 años de la muerte violenta de mi padre, Factor Méndez Álvarez, Teniente Aviador de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), quien falleció junto al doctor Carlos Martínez Palma, diputado revolucionario.

El hecho ocurrió cuando regresaban de la base militar del Puerto de San José, adonde habían llevado ayuda humanitaria para los damnificados por los desastres ocasionados por las inundaciones resultado de un lluvioso temporal.

Sobrevolaban el Cañón de Palín, Escuintla en una aeronave de combate AT-7 de dos plazas que explotó en el aire, eso pasó el 11 de octubre de 1949. Fueron víctimas de un atentado con explosivo, provocado por militares compañeros de mi padre.

Con relación al estado de Sitio vigente treinta días, decretado por el Gobierno guatemalteco según Decreto 1-2019 que vencieron a principios de octubre y que ha sido prorrogado por treinta días más, mediante Decreto 3-2019 aprobado el 10 de los corrientes, me referiré a algunos efectos negativos que trae consigo este tipo de decisiones gubernamentales que no son propias de una democracia sana.

Por regla general, el estado de Sitio es una medida de excepción preferida por gobernantes autoritarios y dictatoriales que suspende elementales derechos, libertades y garantías constitucionales de los habitantes del territorio o territorios afectados, pero es un marco favorable para que las fuerzas de seguridad de los Estados cometan abusos de toda naturaleza y violenten sistemáticamente los derechos humanos (DD. HH.)

La vigencia del actual estado de Sitio en Guatemala, que como indiqué se extiende otros treinta días, aplica solo en 22 municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Zacapa y El Progreso. Ahora con la nueva prórroga, se extiende a Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá, dos municipios que mantienen una rivalidad histórica y constante confrontación en ocasiones armada, por una antigua disputa de límites territoriales y el control de fuentes hídricas que hasta ahora sigue sin resolverse. Por la ausencia de la institucionalidad del Estado, los enfrentamientos entre comunitarios han dejado saldos mortales y heridos con armas de fuego o punzocortantes.

El argumento del Gobierno para justificar la suspensión de garantías en los lugares citados, es para combatir al crimen organizado, el narcotráfico y cultivos ilícitos. Después de treinta días bajo estado de Sitio los resultados son poco convincentes.

Al contrario, se han manifestado efectos negativos para pobladores de lugares bajo estado de Excepción. Algunos son: Represión a radios comunitarias. Reducción del turismo con efectos nocivos para la economía nacional. Propagación del terror entre las poblaciones. Críticas del alcalde de Puerto Barrios, Izabal, quien sostuvo que el estado de Sitio provoca una reducción sensible en el flujo turístico, disminución de turismo nacional e internacional, bajo porcentaje de visitantes que afecta la economía del país. Las comunidades bajo estado de Sitio exigen que cese la militarización, la criminalización de las luchas sociales y la represión psicológica por el constante asedio de militares.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que el estado de Sitio delimita el goce de los DD. HH. Manifestaron preocupación por la falta de cumplimiento del principio de proporcionalidad y la suspensión de las libertades de manifestación, de reunión y detención de personas sin las debidas garantías. Solicitan que se observen y respeten los estándares internacionales.

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