Víctor Ferrigno F.
Tras una semana de crecientes protestas sociales contra el “paquetazo” impuesto por Lenin Moreno, a solicitud del Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha conformado una grave crisis política en Ecuador que, en el marco de un Estado de Excepción, forzó el cierre de la Asamblea Nacional Legislativa y el traslado de la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil, asiento de la rancia oligarquía nacional.
Lenin Moreno ganó las elecciones con un programa de gobierno que es la antítesis de lo que ha hecho en los dos años y medio de su administración, acumulando tensiones sociopolíticas con los sectores desposeídos del Ecuador. En ese contexto, la medida que derramó el vaso fue la firma de un acuerdo antipopular con el FMI, entidad que exigió sus clásicas medidas de ajuste estructural, que generaron una virtual insurrección popular.
La mayoría de analistas serios coinciden en que se trata de una crisis inducida, pues el endeudamiento externo de Ecuador no llegaba siquiera al 50% del PIB, por lo que no requería solicitar al FMI el préstamo de salvataje de 10 mil millones de dólares, con su cauda de medidas antisociales. La deuda externa de Chile supera el 68% del PIB, y la de Brasil excede el 88%, sin tener que recurrir al FMI.
Además de aprobar exenciones de impuestos de grandes empresarios, Moreno adoptó medidas aparentemente beneficiosas al pueblo, que dañaron las finanzas públicas, como volver a subsidiar el fondo de pensiones de jubilación, que Correa suspendió temporalmente, porque el seguro social tiene un gran superávit. Esto implicó un desembolso de U$1,300 millones anuales, que supera lo que obtendrán por el aumento de los combustibles.
El trasfondo del asunto es político; a Lenin Moreno le encontraron millonarias cuentas e inmuebles en Europa, comprados con fondos de dudosa procedencia, por lo que se doblegó a los dictados del gran capital ecuatoriano e internacional, comprometiéndose a revertir la Revolución Ciudadana que encabezó Rafael Correa.
Entre otras medidas, Moreno renovó en 2018 convenios con EE. UU. para que fuerzas militares extranjeras se asienten en la estratégica Base Militar de Manta, donde instalaron una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) entre ambas naciones, para promover programas formales como Ventas y Financiamiento Militar al Extranjero, Educación y Capacitación Militar Internacional, Asistencia Humanitaria (HAP), ejercicios conjuntos, Intercambios de Expertos y actividades de preparación para desastres. Replicaron el mismo modelo que se implementó en Irak, con resultados conocidos.
Luego, Lenin suspendió el asilo político en la embajada ecuatoriana en Inglaterra a Julián Assange, fundador de WikiLeaks, y lo entregó a sus persecutores, siendo ciudadano ecuatoriano nacionalizado. Después se retiró de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y, finalmente, vino el préstamo y el “paquetazo” con el FMI.
El llamado ajuste estructural incluye incrementos de hasta 123% al diésel, aumento de las tarifas de los servicios públicos, cierre o privatización de organismos estatales, despidos masivos, rebaja del 20% del sueldo de las nuevas contrataciones temporales, reducción de derechos laborales y, principalmente, apertura a las importaciones, para que la burguesía comercial de Guayaquil vuelva a enriquecerse, sin producir.
La ciudadanía y el movimiento indígena se han insurreccionado pese a la represión, bloquea pozos petroleros, tienen asediado el Legislativo, el Gobierno huye, y los directores del FMI sonríen, convencidos que la plata manda. Pero en el pasado (1997-2007), los insurrectos botaron a siete presidentes al hilo, pues cuando el pueblo ecuatoriano se levanta, no hay fuerza que le detenga.
