Edgar Villanueva
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La base fundamental para poder implementar un Plan de Gobierno está en la disponibilidad de recursos para mover la maquinaria estatal hacia un objetivo. Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas se convierte en el eje fundamental del vehículo estatal para abordar esas prioridades.
Lamentablemente, los Gobiernos entrantes no tienen mucho peso en la decisión del primer presupuesto con el cual operarán, y usualmente lo hacen con el que les haya dejado el último Congreso de la gestión anterior. Así como al presidente Morales le tocó operar con lo que le dejó el Congreso durante la gestión de Alejandro Maldonado, así le tocará al presidente electo Giammattei, operar con lo que deje aprobado el actual Congreso.
Por lo tanto, el primer reto del Gobierno será operar con fondos que no están adaptados a sus prioridades y que, en un alto porcentaje, están comprometidos para ciertos fines. Sin embargo, esta situación, en mi opinión, les da una serie de oportunidades y en ellas se basan mis dos primeras sugerencias.
La primera oportunidad que crea un presupuesto que no está hecho a su medida es la de mostrar que la nueva gestión tendrá un enfoque en transparencia y calidad de gasto. El presupuesto 2020 abre la puerta a probar a la ciudadanía que, independiente de los niveles de financiamiento, se puede ser más eficiente y transparente con el dinero de las arcas públicas. Esto pasa por ser contundentes con comunicar que estarán operando con un presupuesto que no está hecho a su medida, pero que harán lo mejor posible con los recursos asignados y que demostrarán durante su primer año de gestión, que puede ser eficientes con los recursos del Estado.
En segundo lugar, el presupuesto ya asignado les otorga un plazo de 365 para preparar y negociar un presupuesto más acorde a sus prioridades y a sus objetivos. Esa “camisa de fuerza” que puede ser el presupuesto 2020 les da un año entero para planear y para que cada Ministerio pueda organizarse y que el siguiente presupuesto les permita atacar las necesidades primarias de la población y las áreas estratégicas de su gestión.
Como punto final, considero que hay un tema que pudiera ser un aporte importante del nuevo Gobierno para Guatemala. Sugiero trabajar los cuatro años para cambiar las reglas del juego con respecto al Listado Geográfico de Obras. Guatemala necesita un mecanismo transparente y unificado para poder construir toda la obra pública que tanto necesita el país. El actual sistema es ineficiente y una fuente eterna de clientelismo.
El Ministerio de Finanzas puede ser la luz del faro que oriente la gestión del Gobierno entrante, aunque es el Ministerio que tiene los mayores retos. Cambiar las reglas del juego que le aplican implica cambiar la forma en que se hace política en Guatemala y eso es un reto monumental, pero no imposible. Si el objetivo es ordenar la casa y sentar las bases para una gestión más transparente y eficiente, los aliados serán numerosos.
