Tengo que empezar diciendo que fui uno de los críticos del papel que jugó el doctor en derecho Eduardo Mayora Alvarado en la asesoría legal para la privatización de Guatel por considerar que la creación de Telgua como sociedad anónima para facilitar la venta era una salida de las que se pueden calificar como fraude de ley. Lo debo decir porque muchos lo recordarán y podrían preguntarse qué mosca me picó para expresar hoy en forma tan rotunda mi profundo respeto al doctor Mayora, lo hago por sus escritos semanales y concretamente por la columna que publicó esta mañana en Prensa Libre y que, sin reserva alguna, considero que es el planteamiento más claro y certero de lo que ha ocurrido y de lo que debe ocurrir en esta Guatemala carcomida por muchos vicios que llegaron a considerarse como parte de la normalidad política y administrativa del país.
Su descripción de eso que llegó a considerarse como normal, como generalmente aceptado, es absolutamente certera, tanto así que muchos de los que incurrieron en las prácticas que él señala no sólo no creyeron hacer algo malo, porque era lo que todos hacían, sino que además se indignaron cuando a eso se le puso la etiqueta de corrupción. El caso del financiamiento electoral es posiblemente el más ilustrativo, sobre todo luego de que algunos de los que fueron sindicados y que primero pidieron perdón, luego lo quisieron pintar como un extraordinario gesto patriótico “a favor de la democracia”. Y ello a sabiendas de que ese financiamiento era lo que facilitaba obtener privilegios en el marco de un Estado donde, como muy bien dice textualmente el doctor Mayora, “el proceso político funcione, básicamente, para gestionar una intermediación entre demandantes y oferentes de bienes públicos, ventajas y privilegios estatales.”
En el marco de la polarización que se impuso alrededor del tema de la necesaria reforma al sistema, que es el derivado final de todo lo que se hizo contra la corrupción, porque el castigo de los corruptos no vale de mucho si no se cambia el sistema que alienta y se nutre de ella, se ha sostenido que esas propuestas de reforma son la cantaleta de la izquierda nacional e internacional. No olvidemos que a Iván Velásquez la primera etiqueta que le pusieron fue la de comunista colombiano que quería destruir a Guatemala, justamente cuando se impulsó la reforma constitucional al Sector Justicia para combatir el manejo que se hace de las cortes para asegurar impunidad.
Pues bien, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín no es alguien que pueda ser señalado de izquierdista pero, por supuesto, que sí como alguien muy sensato que entiende a cabalidad el desafío de la Guatemala de hoy que no puede regresar a ese pasado de una normalidad indecente. Y por ello digo sin reparo ni reserva alguna que me quito el sombrero ante su columna de hoy porque es clarísima y debe ser de lectura obligatoria, no sólo para quienes estamos convencidos de que sin reforma no tiene viabilidad el país, sino también para aquellos que quieren regresar a un pasado que destruyó la institucionalidad y arrebató a todo un país la esperanza de prosperidad.
