Carlos Figueroa Ibarra
En noviembre de 2001 el distinguido abogado y general de aviación Charles Dunlap Jr. impartió en Harvard una memorable conferencia en la que acuñó el término “Lawfare” que en español significa “Guerra Judicial”. A diferencia del general prusiano Carl Von Clausewitz quien definió a la guerra como “la continuación de la política por otros medios”, Dunlap definió al Lawfare como como la continuación de la guerra por medios jurídicos. Pese a dicha diferencia, ambos aforismos tienen un mismo sustrato: la esencia de la política y la guerra es que ambas son actos de poder. Para Dunlap, el Lawfare es el uso del derecho como un arma de guerra que paradójicamente evita las operaciones militares y por tanto el derramamiento de sangre. En su versión más ortodoxa, el Lawfare es un acto jurídico que es ejercido por militares con objetivos militares. En suma, es un operativo militar realizado con procedimientos jurídicos. Solucionar un diferendo territorial entre países a través de una resolución judicial internacional, una acción judicial que posibilita a un país bloquear económicamente a otro país, el uso del Derecho Internacional Humanitario para neutralizar las posibles acciones militares de un enemigo más poderoso, son algunos ejemplos de Lawfare. Por ello sus partidarios dicen que es un procedimiento loable y emparentado con el referido Derecho Internacional Humanitario.
No obstante, en los últimos años hemos visto una práctica política que ha desvirtuado el significado inicial del Lawfare. Se trata de la manipulación del derecho por actores políticos para conseguir objetivos políticos. Esto es lo que ha sucedido en América Latina en los últimos años y sus protagonistas han sido las derechas neoliberales y neofascistas. Se trata de seguir el precepto planteado por Alexander Hamilton en los albores de la democracia, cuando postuló que el poder judicial podría neutralizar a un gobierno surgido de la votación de una “mayoría equivocada”. Otro poder fáctico también fue pensado para contrarrestar a los gobiernos surgidos de “las mayorías equivocadas”: la prensa. El Lawfare o Guerra Judicial o “judicialización de la política”, ha sido el arma más letal de las derechas para derrotar a los gobiernos progresistas surgidos en América Latina la primera década del siglo XXI. Los ejemplos más conspicuos son los observados en Brasil con el golpe contra Dilma Rousseff o en el encarcelamiento de Lula da Silva. Pero también con los procesos judiciales abiertos a Cristina Fernández en Argentina, a Rafael Correa y Jorge Glass en Ecuador y la inhabilitación electoral de Thelma Aldana en Guatemala. Además, con el neogolpismo que derribó a Manuel Zelaya (Honduras) y a Fernando Lugo (Paraguay). En todos estos casos la guerra judicial se vio acompañada de una guerra mediática en la que los grandes medios condenaban de antemano a sus víctimas y destruían su imagen política.
Con el Lawfare ya no es necesario el asesinato de gobernantes progresistas o dirigentes políticos y populares de gran arraigo. Tampoco son necesarios los sangrientos golpes de Estado (Guatemala 1954, Chile 1973). Basta con tener autoridades judiciales facciosas y linchamientos mediáticos.
