Es obvio que hay conceptos que no se entienden debidamente y que son usados como pretexto para apuntalar el sistema de impunidad y corrupción existente en el país, tal y como se puede ver con el comunicado del CACIF publicado ayer en el que se critica frontalmente a la Corte de Constitucionalidad por haber dictado el Amparo provisional que detuvo el amañado proceso de postulación de candidatos a magistrados para las Cortes del país.
Y es que afirman que ese fallo crea un vacío legal que puede afectar al Estado de Derecho y la institucionalidad del país, pero aparte de señalar que ya hay precedente respecto a la prolongación de funciones de magistrados, es preciso preguntar de qué Estado de Derecho e institucionalidad hablan. Porque la verdad verdadera, como decía Vinicio, es que están defendiendo un supuesto “Estado de Derecho” que se sustenta en procesos viciados para elegir a los administradores de justicia que se encargarán, primordialmente, a promover la impunidad que no es parte de ningún Estado de Derecho. Defienden una “institucionalidad” totalmente amañada en la que no se cumplen ni siquiera los requisitos formales como sería la calificación que el Consejo de la Carrera Judicial tendría que haber hecho de cada uno de los funcionarios judiciales que aspira a alguna magistratura.
El Estado de Derecho significa, entre otras cosas, el cumplimiento debido de los fallos de lo resuelto por los tribunales, especialmente por la Corte de Constitucionalidad, y no se fortalece el mismo con planteamientos como el que hizo ayer la cúpula del sector privado. Por el contrario, lo que hacen es confirmar la existencia de una activa Corporación de la Impunidad que, dirigiendo al Pacto de Corruptos, se esmera por garantizar que nunca más puedan ser alcanzados por el brazo de la justicia aquellos que históricamente se han sentido y han sido impunes en nuestro país.
La institucionalidad guatemalteca está destrozada y la ha despedazado la corrupción que se adueñó de todas las estructuras del Estado guatemalteco, al punto de prostituirlo de tal manera que ha dejado de cumplir con sus fines esenciales. Para qué nos sirve una institucionalidad que se olvida de sus deberes fundamentales porque se dedica exclusivamente a satisfacer los intereses de los grupos de poder, lícitos e ilícitos, que se encargaron de financiar las campañas políticas. Por supuesto que dirán que ese financiamiento era para fortalecer la institucionalidad del sistema político, pero todos sabemos que en la práctica ha sido un auténtico tráfico de influencias.
Es bueno que vayan cayendo las caretas y la resolución de la CC está obligando a que aquellos que habían apostado por tener un conjunto de magistrados postulados no solo por las Comisiones de Postulación sino por las Comisiones Paralelas, tengan que salir a protestar por un fallo que complica sus ansias de impunidad. Y en poco tiempo veremos que hasta algunos que inicialmente apoyaron lo resuelto por la CC, ante la obvia manipulación del proceso de elección de magistrados, tendrán que recular llamados al orden por esa poderosa cúpula que está decidida a impedir, para siempre, el sufrimiento de sobresaltos como los que significaron los días de CICIG.
