Walter Juárez Estrada
Los errores que se dieron en los comicios recientes que pusieron en peligro el proceso que rondó el fantasma del fraude, no deben repetirse en las elecciones de 2023, obliga a los funcionarios electorales y todos aquellos sectores que se vinculan en el evento, a reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, darle más autoridad al Tribunal Supremo Electoral y no judicializar las elecciones para hacer más viable las adjudicaciones, evitando que mafias del crimen organizado se infiltren, extendiendo cheques en blanco a los aspirantes y dirigentes.
Las futuras autoridades legislativas están obligadas a hacer esas reformas, tomando en cuenta las falencias que se dieron en la primera vuelta electoral del pasado proceso, que por una decisión arbitraria del TSE no permitió la inscripción de 5 candidatos presidenciales que perdieron en las Cortes, lo que originó serios cuestionamientos contra el órgano electoral. Se debe ser muy rígido en los aportes millonarios para los participantes para no ser procesados. Sandra Torres, que está encausada, de ser hallada culpable, sus ambiciones futuristas estarían sepultadas.
Pende que se declare que a lugar o no a antejuicio contra los magistrados electorales, por la denuncia del exdirector de informática Jorge Castillo, por las dudas razonables de la primera vuelta, por lo que con esas reformas hay que demandar al TSE a capacitar anticipadamente a su personal, especialmente las juntas electorales y mesas receptoras de votos. Analistas, politólogos de prestigio y todos los sectores vinculados a los eventos electorales, deben ser tomados en cuenta en estas reformas, especialmente abogados idóneos que han sido magistrados de esa entidad, para que den sus aportes y su experiencia en esas reformas para que en el futuro no se cometan errores garrafales.
Las falencias que pusieron en peligro las elecciones recientes, fueron las prohibiciones para la propaganda electoral en 3 meses y designar a qué medios se les autorizaba para pautar, violando la Constitución. Los nuevos diputados deben saber que no pueden cambiarse de partido, porque el transfuguismo, ha sido muy mal que por años, ha rondado en el Congreso, donde tranzan los legisladores y se venden al que más dinero les da y es aquí… hacer esas reformas que a la hora que se discuta en las bancadas, podría haber oposición, lo que obliga a toda la sociedad consciente que quiere un cambio en la política marrullera que tanto daño ha causado a los guatemaltecos.
La actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el correr del tiempo ha resultado obsoleta y demanda hacer esas reformas y evitar así los errores que se vieron en las elecciones de junio y en la segunda vuelta. Pende que los Tribunales resuelvan la impugnación que enderezaron entidades que cuestionaron a diputados y alcaldes no idóneos que son contratistas del Estado que sobornaron a sus electores, pero esos negocios sucios ya no tendrán cabida con las reformas electorales que son de urgencia nacional.
