Raúl Molina
Hay juezas y jueces honestos y comprometidos con la justicia que batallan diariamente por hacerla prevalecer, aun en el pantano en que se ha convertido el Sistema de Justicia. Para mantener dicho sistema al servicio de la corrupción, la impunidad y la injusticia, los sectores poderosos hicieron fracasar las reformas constitucionales exigidas por el Acuerdo de Paz Firme y Duradera y han utilizado cualquier mecanismo, legal o ilegal, para garantizarse sus intereses mediante el uso y abuso de las instancias judiciales. Personalidades progresistas y democráticas del país señalaron la capital importancia de elegir magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que pudieran conducir la depuración del sistema judicial y garantizar la impartición de justicia. Tuvo que ser la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, en ejercicio de su pleno derecho, la que dictaminara que lo actuado por la Comisión de Postulación quedaba sin efecto, para evitar que el proceso llevara a representantes del Pacto de Corrupción a la CSJ. Es sospechoso que horas después de esta decisión, la magistrada Dina Ochoa, con estrechos vínculos con la dictadura de la corrupción, viajara a Estados Unidos, a una reunión en la Casa Blanca, propiciada por el ministro Degenhart. Sin elucubrar sobre los “motivos personales” que la magistrada dice haber tenido, es bochornoso que las autoridades de nuestro país -Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- corran a las primeras de cambio a pedir a Donald Trump que los “libre de todo mal” y mendiguen recursos económicos, a cambio del sacrificio de la soberanía nacional.
También es bochornoso que, ante las diversas maniobras de la Comisión de Postulación, eliminando candidaturas de abogados probos y honestos y bajando los mínimos de calificación para que los abogados mediocres y/o deshonestos pudieran calificar, la CC la hiciera quedar en evidencia y en ridículo. elPeriódico hace un balance de las diez personas de la Comisión, mostrando los lazos que unen a varios de ellos con el Pacto de Corrupción. Por aparte, representantes de organizaciones que están en la lucha por la reforma a fondo del sistema de justicia elaboraron una lista de veintiocho aspirantes a la CSJ que no tienen la capacidad, ni la probidad, para esos cargos. Si sus acciones estuviesen normadas por la ética, deberían renunciar a sus candidaturas o aportar pruebas inobjetables para demostrar su inocencia. Sin embargo, confiados en la inmunidad que creen tener por su cercanía a los círculos de poder, gozarán del apoyo de estos para copar los puestos de impartición y administración de justicia, para luego ceder a sus exigencias. Enfrentar a la mafia político-militar incrustada en el Estado no es fácil -ya no se cuenta con la CICIG y el MP está en proceso de cooptación total- con lo que se traslada a la sociedad civil la responsabilidad de parar abusos y lograr cambios positivos en el sistema. Para lograrlo, debe buscarse la unidad y la solidaridad entre la ciudadanía honrada, para actuar con la firmeza de quienes se juegan el futuro propio y el de las nuevas generaciones.
