Los vicios en el proceso de conformación de las Cortes en el país no son nuevos y precisamente fueron el fundamento para la propuesta de reforma al Sector Justicia que pretendía modificar la forma en que se elige a los magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las Salas de Apelaciones de todo el país, entendiendo que las Comisiones de Postulación, que surgieron como una idea para dar a la academia mayor peso en la conformación de nuestras Cortes, terminaron por prostituir la academia y de esa forma el remedio resultó peor que la enfermedad.
El último proceso de designación de magistrados abrió la puerta a la propuesta de reformas que inicialmente fue planteada en el marco de su mandato por la CICIG y fue respaldada por prácticamente toda la sociedad en extensas y amplias jornadas de análisis y discusión. Pero los grupos que han tenido y tienen el control del Poder Judicial se dieron cuenta de los riesgos que corrían y usaron el tema del derecho indígena para iniciar el torpedeo de la propuesta. Los tres poderes del Estado habían expresado su apoyo a la iniciativa, pero poco a poco fueron zafando bulto cuando las élites dieron instrucciones de frenar la iniciativa que se estaba trabajando.
Y el efecto es que seguimos con el mismo procedimiento viciado de forma más que grave porque se traduce en la consolidación del régimen de impunidad que deja libres de responsabilidad penal a todos los que tienen el poder y los contactos para evadir la acción de la justicia. Y no es secreto que los operadores paralelos en las Comisiones de Postulación son los que realmente se convierten en los amos de un sistema que se ensaña con el ladrón de gallinas, pero que apaña al ladrón que roba millones con los que puede comprar a los juzgadores.
La suspensión del proceso ordenada por la Corte de Constitucionalidad es un paso indispensable para depurar el sistema, pero no será suficiente para lograr la solución por lo que deberemos pensar en la real necesidad de una reforma constitucional para liberar de esa captura al Sistema de Justicia en el país. Y esto no se trata de un asunto ideológico, como lo pintaron los miembros de la Corporación de la impunidad en su momento, sino de una necesidad para generar un auténtico Estado de Derecho en el que la certeza jurídica será fundamento de todo un nuevo diseño de la manera en que se administra la justicia en nuestro país.
