Mario Alberto Carrera
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Torrentes de tinta han corrido sobre cientos de hojas de papel alrededor de la polémica montada –desde hace siglos- entorno a ¿de quién es la tierra?, a lo que Emiliano Zapata contestaba -enérgico y como grito de guerra: ¡la tierra es de quien la trabaja! – y con este eslogan trató de empoderar y lograr una reforma agraria en 1911, a partir de la Revolución de 1910.
Pero Zapata luchó contra un sistema tan consolidado que hoy, en 2019, en el Sur mexicano, aún sobreviven las polémicas, las razones y las acciones que aquel grito guerrero proclamaba. La Revolución de 1910 tuvo y tiene aún algunos logros (el petróleo es del Estado) y algunas cosas más, pero pocas, porque México sigue teniendo un mundo de pobreza que escandaliza, y que “compite” con el sistema capitalista que el México neoliberal ¡ahora! (y en concordancia con el pensamiento de Locke y los demás pensadores ingleses de los siglos XVII y XVIII) adoptó sobre la lectura de enjundiosos tratados que siguen siendo los “libros sagrados” que los capitalistas emplean para defender “la sagrada propiedad privada”: paradigma y modelo de su sistema fallido. Fallido para los pobres, pero exitosísimo para los ricos porque en todas las Constituciones de los países bajo la bota del Tirano del Norte, siguen vivísimos Locke, Hume, Berkeley, etc.
En Guatemala esta polarización creada en torno a la polémica: “¿de quién es la tierra?” “Y la propiedad privada es ancestral”, que enrostra –a veces mediando la muerte- a millones de guatemaltecos, es tan antigua como la Colonia y su régimen de reparticiones y encomiendas que consistía en el derecho a tener mil o dos mil indígenas trabajando casi gratis, en unas tierras arrebatadas sin mediar ningún tratado en nombre de los reinos de Castilla y Aragón. Una de las razones de esta polémica y confrontación a veces sangrienta como la de la reciente muerte de tres soldados, es el hecho de que en Guatemala no hay un catastro científico de todo el país y no se sabe por ello en realidad ¿de quién es genuinamente la tierra? Pero ningún Gobierno ha tomado en serio lo del catastro que ahorraría muchos disgustos y no pocas querellas y reclamos ante las autoridades y los juzgados.
Sin embargo, y dejando en paz por el momento a Emiliano Zapata, a Locke o a Rousseau: “Los frutos son de todos y la tierra de nadie”, en el “Contrato Social, pasemos mejor hablar del “Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas en Países Independientes” de la OIT, con la venia de la ONU, que deja clarísimo que es lo que toca hacer en este país si queremos evitar hechos como el reciente en Izabal y –ojalá pudiéramos regresar en el tiempo- la espantosa guerra civil de casi 40 años en el país. Y de paso recomiendo su lectura atenta al Ejército, al Ejecutivo y a la Cámara del Agro (que tanto se queja de las invasiones en sus latifundios) y demás cámaras que conforman el CACIF.
El “Convenio 169” y los comediantes y fantoches “Acuerdos de Paz”, reconocen que en Guatemala hay un “conflicto a veces armado y a veces desarmado” en torno al derecho sobre la tierra y a la necesidad y obligación estatal de procurar a los pueblos originarios una pequeña y digna parcela –como prioridad de las acciones del Estado. La tierra le es absolutamente necesaria para subsistir, porque en Guatemala el 60 u 80 por ciento son pobres, indígenas y agricultores. Y es por eso que un catastro honesto y correcto es el instrumento fundamental para judicializar las llamadas invasiones y apropiaciones ilegítimas de la propiedad privada.
El lunes comentaré específicamente sobre el “Convenio 169” que nos es un chiste como los “Acuerdos de Paz”.
