Juan Antonio Mazariegos G.
El matutino Prensa Libre publicó esta semana en su portada “Iglesias reclaman rigor ético a las postuladoras”, refiriendo posteriormente, en el artículo que desarrollaba la noticia, que representantes de las iglesias evangélica y católica habían hecho un llamado a los miembros de las Comisiones de Postulación para que eligieran aspirantes probos, privilegiando la honorabilidad y la idoneidad de cara a la conformación de las listas de donde saldrán electos los futuros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas salas de las Cortes de Apelaciones del país.
El llamado de los representantes de las iglesias, en cualquier otro país o latitud, despertaría, recelos, comentarios y reclamos al respecto del papel que deben tener las iglesias dentro de un Estado laico como el nuestro, y de hecho, se dieron comentarios en redes sociales al respecto de la importancia de la separación entre Estado e Iglesia y lo adecuado que sería que los ministros de la fe se dedicaran a sus púlpitos y dejaran la política y el Estado a los políticos, así como la labor de elegir candidatos a magistrados a los integrantes de las Comisiones de Postulación.
Soy un ferviente creyente de la importancia de un Estado laico y de la separación entre religión y gobierno, sin embargo, no puedo más que agradecer la intervención de los representantes de las iglesias católica y evangélica, pues no puedo pensar en este momento en otra alternativa más que haya de invocar la fe, para que en base a los principios y creencias que ojalá posean los Comisionados, se logre una lista que no comprometa la justicia en aras de intereses particulares o de grupos de poder para manejarla a su antojo.
La Ley de Comisiones de Postulación ha demostrado ampliamente haber fracasado, el penoso incidente durante las elecciones del Colegio de Abogados, cuando habían planillas que procuraban el voto de los electores con edecanes, carnitas y reguetón, deja muy en claro el terrible error que fue pretender contener a la política con las instituciones gremiales y las universidades, la política simplemente se las pasó llevando. La inexistencia de mecanismos para medir el desempeño de los candidatos, tal y como lo reportaba este vespertino en un interesante reportaje el día de ayer, deja en claro también que no habrá de dónde apelar a conocimientos o capacidades. La asignación de un valor de 60 puntos a los años de experiencia (cantidad, no calidad), delimita que la idoneidad no se verá necesariamente reflejada en quienes integren la lista final que irá al Congreso de la República.
En ese escenario, apelemos a la fe, busquemos creencias, conciencia o amenacemos con que arderán en el infierno, todo vale. Los Comisionados que integran las postuladoras representan la oportunidad de buscar una justicia independiente, competente y eficaz. Sin justicia no hay un Estado, es demasiado importante lo que se juega el país en la integración de Cortes, toda voz es bienvenida a clamar por justicia y toda argumentación es válida para obtenerla.
