Guatemala vive un momento crítico con el proceso de selección de los futuros magistrados de Sala y de la Corte Suprema de Justicia, mismo que tiene vicios originales como la cooptación que de las Comisiones de Postulación hacen grupos paralelos que buscan eternizar la impunidad, pero que en las actuales circunstancias alienta otras anomalías que han sido ya señaladas por distintos grupos de la sociedad, preocupados de los abusos cometidos en el trámite de las referidas postulaciones.
Desde el mismo hecho de cómo fueron designados los integrantes de esas postuladoras, especialmente de los que representan a los mismos magistrados actuales, hasta el desinterés por las tablas de evaluación y el incumplimiento de requisitos formales, todo apunta a que el proceso puede y debe ser revisado y por ello las acciones presentadas ya ante la Corte de Constitucionalidad que tiene que proceder antes de que se consume el desaguisado que están haciendo los actores visibles y quienes conforman las ya conocidas “comisiones paralelas”, que son las que se reúnen en secreto y donde se llega a los acuerdos esenciales según se demostró con aquella famosa investigación que hizo la CICIG sobre este tema.
Y nada ha cambiado en las formas que facilitaron la operación de esos comisionados “paralelos” que tienen capturado al Sistema de Justicia. Operando con las mismas facilidades y confiados en que la desaparición de la CICIG les abre el espacio para hacer lo que les venga en gana, ahora hasta han descuidado las formas y sin siquiera guardar apariencias, como se demuestra con el irrespeto a las normas de la Ley de la Carrera Judicial que deben ser tomadas en cuenta, y mucho, cuando se trata de la designación de los magistrados.
Se ha dicho, con mucha razón, que Guatemala se juega mucho más con la elección e integración de las Cortes que con la elección de Presidente de la República y hasta del Congreso porque es en los tribunales de todas las instancias donde se teje el manto de impunidad que es el alentador de la corrupción y el comportamiento de abuso de poder característico de muchos de nuestros funcionarios. Y por lo visto ahora se están despachando con la cuchara grande, confiados en que la falta de instrumentos de investigación, control y sanción de los abusos, les deja abierto el camino para lograr su objetivo en forma absoluta.
El Ministerio Público debiera ser la entidad a cargo de investigar esos abusos e irrespetos a la ley, pero mientras vigila, la sociedad ha tenido que recurrir a la CC en busca de amparo.
