Por Jorge Santos
El Nobel de la Paz Martin Luther King en uno de sus tantos sermones, refirió que “la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes”, haciendo así una clara alusión que en una sociedad injusta, es imposible pensar que habrá justicia y paz para todos, incluso para quienes crean dicha situación. El actual gobierno de la República, encabezado por Jimmy Morales, durante estos cuatro años, ha producido un daño importante a los avances que distintas áreas y con mucho esfuerzo se realizaron luego de la firma de los Acuerdos de Paz.
Los muchos años de resistencia, lucha, propuestas técnicas y académicas, vieron una luz en el contenido de los Acuerdos de Paz, agenda que de haberse puesto en marcha integralmente estaríamos hoy, como sociedad, en una situación muy distinta al enorme embrollo que nos hunde hoy en día. Sin embargo, algunos de los pocos compromisos que se alcanzaron, fueron base de importantes avances, particularmente en cuanto al Sistema de Justicia se refiere. La sociedad civil organizada, fue capaz de empujar y construir posibilidades dignas de presente y de futuro, a tal grado que fue posible implementar una Comisión Internacional Contra la Impunidad en 2007. Desde el 2008 funcionarios honestos y comprometidos, como el Fiscal Amílcar Velásquez Zarate fue capaz de viabilizar la presencia de la CICIG en el país y dar inicio a sus labores de manera efectiva.
Pero también fue la visión estratégica de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz y su giro a la gestión fiscal, la que va a permitir ir reduciendo las altas tasas de impunidad en el país y sentar en el banquillo de los acusados a genocidas, miembros del narcotráfico y a otros poderosos en el país. Fue en el 2010 que de la mano de la CICIG y con la conducción del magistrado César Barrientos se dio paso a la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y construyó juzgados especializados conocidos hoy como el Sistema de Mayor Riesgo. La respuesta de los impunes fue cooptar en 2014 las Altas Cortes, sin embargo fuimos capaces de acompañar los importantes golpes asestados por la CICIG y la FECI contra estructuras criminales enquistadas en los tres poderes del Estado guatemalteco a partir del 2015.
La respuesta a estos logros se concretó con una articulación de corruptos, ladrones de cuello blanco, asesinos, oligarcas de fortunas mal habidas, militares, jueces y fiscales de la impunidad, políticos de poca monta y miembros del crimen organizado. Esta articulación se llama la Alianza Criminal y son los responsables del grave retroceso en materia de democracia y derechos humanos, son los responsables del despropósito del estado de Sitio, de la violencia, del salario estancado, del hambre y la miseria, son los responsables de la criminalización contra personas defensoras de derechos humanos. Por eso con más fuerza habrá que seguir construyendo la resistencia, organizando y formando. Nos verán volver y les derrotaremos para ver florecer a Guatemala.
