Víctor Ferrigno F.
A Salvador Allende, mártir de la democracia.
El devenir de nuestra historia patria demuestra que restringir los derechos constitucionales solamente agrava los conflictos sociales, e incuba ilegalidades y corruptelas sin cuento. Los grandes problemas estructurales que vive el país, como la inobservancia de la independencia de Poderes, la ausencia de Justicia, la impunidad, la pobreza, la exclusión, el hambre, etc., son lacras sociales acumuladas por décadas por gobiernos que violentaron los DD. HH. y la vigencia de un auténtico estado democrático de Derecho. Por ello, quienes creemos en la necesidad de un sistema de garantías legales y democráticas, rechazamos enfáticamente el establecimiento del estado de Sitio, y demandamos su cese inmediato.
En ese contexto, múltiples organizaciones sociales y académicas se han pronunciado, exigiendo a la Fiscal General que, en cumplimiento de su deber, investigue y esclarezca los lamentables hechos acaecidos en la comunidad Semuy II, así como el presunto suicidio del comunitario Agustín Chub Chub, pues las versiones del Ejército han sido contradictorias y no coinciden con las de los comunitarios y la prensa independiente, generando dudas e incertidumbre.
Sin embargo, toda investigación debe respetar el debido proceso y la dignidad de los comunitarios.. El alcalde comunitario de Semuy II, Domingo Mucú Seb, solicitó al Presidente, en entrevista a elPeriódico, “que ya no sigan atacando la aldea”. Mucú aclaró que los comunitarios no se oponen al estado de Sitio ni que se capture a quienes sean considerados responsables de la muerte de los tres soldados, pero no están de acuerdo con que se señalen a inocentes. La gente está atemorizada, porque las fotos de varios comunitarios circulan en internet, sindicándolos del ilícito, sin ninguna prueba o fundamento.
Semuy II carece de electricidad, centro de salud, medicinas, nutrición y ahora de escuela y maestros. Desde el enfrentamiento, la escuela permanece cerrada y los mentores ausentes, a pesar que la Carta Magna establece que el Estado garantiza tales derechos, y muchos otros más. Es decir, la ley impera solo para reprimir a los ciudadanos, casi nunca para asegurar las garantías constitucionales.
En ese orden de ideas, la Jefa del Ministerio Público y el Ministro de la Defensa Nacional deberán investigar, esclarecer y proceder legalmente ante las graves denuncias publicadas por el diario elPeriódico, el domingo 8 de septiembre, sindicando al recién ascendido General Vargas Ortega, de ser el encargado de los narcoaterrizajes clandestinos y tumbes, con la colaboración de los coroneles Henry Matus Flores y Aragón, a quienes les adjudica responsabilidad por los hechos sangrientos acaecidos en El Estor.
Igualmente condenable es el asesinato de la ciudadana Diana Isabel Hernández Juárez, coordinadora de la Pastoral de Medio Ambiente de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Santo Domingo Suchitepéquez, y las amenazas de muerte contra el pastor José Pilar Álvarez, defensor del derecho humano al agua y los bosques de la montaña Las Granadillas, en el oriente del país. Ambos hechos, que deben ser esclarecidos, acaecieron inmediatamente después que el Presidente decretara el estado de Sitio; los comunitarios señalan como responsables a las estructuras criminales que se dedican a la explotación irracional e ilegal de nuestros recursos naturales.
Ochenta y siete vergonzantes diputados aprobaron el estado de Sitio, convirtiendo a la Constitución en un estropajo, clamando por una patria que infaman. Entonces recordé el aforismo del insigne poeta republicano español, Antonio Machado: “En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.
