El amparo provisional que había dictado la Corte de Constitucionalidad en el caso de las negociaciones que sostuvo Guatemala con Estados Unidos por el tema migratorio fue solicitado y dictado para prevenir que el gobierno de Morales lo implementara sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Recordemos que el mismo fue firmado a la carrera luego de la brutal amenaza de Trump de imponer impuestos a las remesas y aranceles a los productos de importación, además de la prohibición de viajes para guatemaltecos hacia su país, lo que evidenció que no era una negociación en el sentido estricto sino una imposición que persigue fines electorales para el Presidente norteamericano e impunidad para el Presidente guatemalteco.
Entendiendo ese contexto se comprende la claridad de la resolución dictada ayer tras la solicitud de revocatoria del Gobierno porque en la misma solicitud el Presidente y la Cancillería afirman que van a cumplir con los pases legales que la Constitución demanda para ese tipo de acuerdos que implican serios compromisos para el país. No hay, pues, unas reculadas de la Corte de Constitucionalidad como algunos han interpretado, sino el simple hecho de que, si el Gobierno manifiesta que cumplirá con todos los pasos legales, el amparo queda sin motivo.
Por supuesto que todos los ciudadanos sabemos que el Pacto que nos gobierna dispone de los 105 votos en el Congreso para que sea aprobado el acuerdo migratorio aún sin que se conozcan sus detalles y simplemente sea sometido a votación el documento que firmó Degenhart bajo la vigilancia directa y obvia del señor Trump. Y la CC lo que podía impedir es la implementación del Acuerdo sin que fuera previamente aprobado por el Organismo Legislativo, que fue precisamente lo solicitado por los amparistas en su momento.
Ahora el Gobierno estaría en la obligación de dar a conocer con detalle el Acuerdo que han suscrito y explicar la forma en que será implementado y, sobre todo, quién y cómo se pagará por los gastos ocasionados por convertirnos en un Tercer País Seguro, término que no se está sacando nadie de la manga sino que es el que la práctica internacional asigna a las naciones que asumen el compromiso de tramitar en su territorio las solicitudes de asilo o refugio que presenten ciudadanos de otros países para dirigirse al que es consignatario de los acuerdos.
El Pacto votará en tiempo récord para avalar el Acuerdo y ojalá sepamos hasta dónde nos dejaron ensartados el Gobierno y sus aliados en el Congreso de la República en ejercicio de sus facultades.
