Juan Antonio Mazariegos

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Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

El hombre eligió vivir en sociedad con el propósito principal de desarrollarse y convivir con los demás. El Estado, como forma de organización de la sociedad prevé la concentración del poder en sí mismo, como el único ente capaz de garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos, de sus libertades, mantener la paz y el orden, juzgar a quien transgreda las normas o ejercer la fuerza con el propósito de mantener la convivencia y la paz social.

Se dice que el poder no crece o decrece en su conjunto, el poder simplemente cambia de manos, ante la disminución del poder de un actor, otro incrementará su cuota, llenando el vacío de poder que ha quedado disponible. Lo que ha sucedido esta semana en el municipio de El Estor, con la cauda del asesinato del alférez de fragata Carlos Esteven Mayen Cabrera, y de los sargentos Isaías Beleu Caal y César Augusto Leonel Ceb Tun, no es más que el corolario al vacío de poder que el Estado ha venido dejado en todo el país y que se ha acentuado en determinadas regiones que tienen como común denominador ser áreas propensas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y una alta carga de conflictividad social, como quedó reflejado en Izabal, pero con hechos y condiciones que pudieron haber ocurrido con similares consecuencias en Huehuetenango, Petén o San Marcos.

A mi juicio, la implementación del Estado de Sitio en 22 municipios del noroccidente del país, no era solo necesaria sino indispensable, debemos de entenderla como una medida de corto plazo y así debe ejecutarse. Ojalá el Gobierno nos informara más y mejor sobre el porqué esos determinados municipios y cuál es su plan para apresar a los agresores y juzgarlos, es necesario que el pueblo recobre la confianza en sus autoridades y sepa que quien actúa de esta manera será castigado, que no hay impunidad posible.

A mediano y largo plazo es indispensable que el Estado cumpla con ejecutar sus funciones y cumpla sus fines, permanentemente debe ocupar la cuota de poder que le delegamos y hacer cumplir la ley en todos los sentidos. Lamentablemente, se ha probado que la inobservancia de los menores preceptos y la no deducción de responsabilidad por ello, desencadena una espiral de incumplimiento e inobservancia que nos regresa al pasado, hasta llevarnos a la ley del más fuerte y en ese juego, todos, absolutamente todos saldremos perdiendo.

Cuando el Estado cumple sus fines y ejecuta a cabalidad sus funciones estamos ante un pleno Estado de Derecho, se cumplen las leyes y vivimos en paz, el actual Gobierno va de salida y sobre él pesan más reproches que esperanzas. Al futuro Gobierno le tocará recuperar esa cuota de poder que le hemos delegado y arrebatarla a quienes hoy la consideran propia.

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