Jorge Santos
El 5 de octubre de 1995, una patrulla de veintisiete soldados del ejército llegó a la Comunidad de retornados Aurora 8 de octubre, finca Xamán, en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz y masacró a diez campesinos, incluyendo dos niños y en el mismo incidente resultaron heridas 18 personas más, entre las cuales figuraban dos soldados. Desde el primer momento, el Ministro de la Defensa y el ejército sostuvieron una hipótesis falaz, distorsionada de la realidad, hasta que tiempo después y de mucha investigación, se logró comprobar que desde el primer momento la patrulla militar llevaba la instrucción de hostigar y atacar a la comunidad de retornados.
A veinticuatro años de esta masacre, el ejército vuelve a participar en un hecho confuso, en el cual existen al menos tres versiones distintas sobre lo sucedido. Lo cierto es que en esta oportunidad hay tres soldados muertos y cinco personas heridas, entre las que se cuentan a una mujer embarazada y dos adultos mayores. Los hechos sucedieron en la comunidad Semuy II, de El Estor, Izabal, cuando una patrulla de siete soldados aparentemente y según la versión del ejército, se encontraban siguiendo la traza de una avioneta que presuntamente transportaba droga. Las y los comunitarios refieren otra versión, que incluye la presencia no autorizada de la patrulla y el hostigamiento y ataque inicial de los soldados hacia las personas en su comunidad.
A este lamentable hecho, que necesariamente debe ser esclarecido, deduciendo las responsabilidades que corresponden, hay que sumar un contexto en El Estor, vulnerabilizado por la ausencia del Estado, así como por la presencia desde la década de los 70´s de una mina que extrae níquel del Lago Izabal, grandes extensiones dedicadas a la siembra de palma africana y la presencia del narcotráfico. Esta mezcla de ausencias y de capitales ha convertido al municipio en un caldo de cultivo de pobreza, inequidad, despojo y expoliación extrema, que produce descontento, resistencias y lucha por desterrar estos fenómenos que indignifican la vida.
Este hecho de violencia, produce un despropósito de Estado de Sitio que abarca veintidós municipios de cinco departamentos, donde nuevamente el gobierno de Morales privilegia la violencia y represión, por encima de la construcción de consensos, diálogos y fortalecimiento de la institucionalidad pública. Es decir, todo apunta a que este Estado de Sitio, pretende por un lado reprimir toda oposición a los intereses de la contaminante actividad minera, despojar de sus territorios a las comunidades allí asentadas para ampliar la empobrecedora palma africana y para resguardar la ruta o posibles rutas que el narcotráfico está utilizando. Lo que sí es un hecho, es que este Estado de Sitio no servirá para desterrar actividades ilícitas y mucho menos para ir sentando las bases de desarrollo social y económico para los pueblos que allí habitan; así que lo que corresponde es oponerse a esta impune y corrupta medida, tomada por un gobierno que todo lo ha hecho mal y para el resguardo de intereses espurios.
