El ambiente de paz debe prevalecer entre los estudiantes para un mejor desarrollo. Foto: La Hora/Archivo

Todos los recursos que se orienten a la educación deben considerarse como una sólida inversión para cualquier país porque ello significa que se están destinando a la formación y capacitación de los ciudadanos para abrirles enormes ventanas de oportunidades para su futuro. Por ello preocupa que el nuestro sea el país que menos recursos dedica a la educación en la región centroamericana y, por sobre todas las cosas, que lo asignado se vaya fundamentalmente para financiar los pactos colectivos suscritos con una dirigencia magisterial que usa toda su fuerza y su maña para negociar mejoras de salario a cambio del compromiso de apoyo político de los maestros para el gobierno de turno, sin que ello se traduzca en alguna mejora de la calidad educativa.

Los indicadores hablan por sí mismos y nuestros estudiantes salen muy mal calificados en matemáticas y comprensión de lectura, lo que es grave para sus expectativas. Y esos resultados tan bajos provienen de alumnos tanto del sector privado como del sector público, aunque en las escuelas e institutos nacionales los datos son mucho más patéticos, lo que nos debe llevar a entender que no estamos realmente invirtiendo en educación sino simplemente invirtiendo en el capital político que para los gobiernos corruptos significa tener de su lado como fuerza de choque al magisterio.

Evidentemente no tenemos autoridades que se preocupen seriamente por la educación del país ni por implementar planes de estudio dignos de tal nombre que apunten a la excelencia académica. Las deficiencias estructurales y de materiales son enormes y en ello tiene mucho que ver el tema de la corrupción porque se usan los recursos como fuente de negocios que se reparten entre las autoridades y los particulares que son contratistas o proveedores del Estado. Y preocupa que al impacto que tiene la desnutrición crónica en la mitad de nuestros niños, limitando su crecimiento físico y mental, se agregue esa desidia de autoridades que pagan millonarias sumas para asegurarse que a la hora de cualquier protesta ciudadana, el magisterio puede convertirse en su parapeto y defensa por el “agradecimiento” de los maestros por los aumentos salariales decretados sin exigir a cambio ninguna mejora en la prestación del servicio.

No hay forma de que un país salga adelante sin invertir en la educación y la salud de su gente y en Guatemala en ambos casos son los sindicatos los que medran con los recursos que debieran servir para mejorar la calidad de los servicios. No estamos contra los salarios dignos, pero sí contra negociaciones espurias que son chantaje político.

Redacción La Hora

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