Factor Méndez Doninelli
Hoy, 30 de agosto se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas o involuntarias, en virtud de la resolución A/RES/65/209 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
En Guatemala se reclaman más de 45,000 personas detenidas desaparecidas por las fuerzas de seguridad del Estado (ejército y policías), durante el Conflicto Armado Interno (CAI) finalizado en 1996, hasta ahora, se desconoce su paradero.
Reitero mi adhesión y solidaridad con la petición que desde hace más de dos décadas hacen familiares de los detenidos desaparecidos en Guatemala, quienes exigen la creación del sistema nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el CAI, no obstante, ningún Gobierno ha tenido voluntad política para crear dicho sistema.
El título de esta nota lo he tomado del último informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), publicado en la víspera del fin de su mandato que se cumple el 3 de septiembre y que implica retirarse del país. Como ustedes recordarán, la finalización del trabajo de la CICIG se debe a que el actual gobernante Jimmy Morales, vulnerando compromisos internacionales, leyes y resoluciones vinculantes, decidió unilateralmente no renovar su mandato.
El citado informe hace correr el telón, descubre la venda de los ojos, para explicar todo el entramado construido por redes de todo tipo, que desde las instituciones públicas y esto es hablar de los tres Poderes existentes, fueron secuestrando y capturando al Estado para ponerlo al servicio de intereses individuales y de grupos, en complicidad con empresarios, militares y el servilismo de testaferros y lacayunos. Se descubre lo que siempre fue especulación hasta convertirse en un rumor muy bien fundado.
La síntesis es, darnos cuenta que el país está siendo administrado y disputado por redes criminales que mantienen nexos con el crimen organizado nacional y transnacional, con narcotraficantes y con todo tipo de impresentables que utilizan al Estado y sus recursos para satisfacer sus aviesos intereses. Son los que están saqueando los fondos públicos.
Son los responsables de la desnutrición crónica infantil, del analfabetismo existente, del aumento de la pobreza, del racismo y discriminación que nos convierte en el país más desigual de América Latina. Por eso en Centroamérica, ocupamos el último lugar en Índice de Desarrollo Humano. Estos indicadores nos están diciendo que el país y sus habitantes retrocedemos, no hay duda.
Por otra parte, ayer la CICIG presentó la denuncia de cinco nuevos casos penales que involucran a personajes políticos y funcionarios públicos, a actores financieros del Banco de los Trabajadores y a académicos y profesionales, incluyendo al actual Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Murphy Paiz y el exrector, Estuardo Gálvez.
Los casos que implican a altas autoridades académicas de la Usac eran esperados, no sorprenden, pues desde hace mucho tiempo eran un secreto a voces. Se comentaba en círculos académicos y profesionales, entre docentes y dicentes y en reiteradas ocasiones las organizaciones estudiantiles presentaron denuncias concretas y reclamaron la falta de acción de los agentes contralores. Pero la investigación estaba en curso, duró años y ahora saltan a la vista los primeros resultados. Como debe ser, serán llamados ante la justicia y responderán por sus actos.
