Juan Antonio Mazariegos G.
El pasado miércoles 28 de los corrientes, Boris Johnson, líder del partido conservador, partidario acérrimo de un Brexit duro y actual Primer Ministro Británico, solicitó a la Reina Isabel Segunda de Inglaterra la suspensión de las sesiones del Parlamento de ese país. La medida, una posibilidad contemplada por la legislación inglesa para permitir la preparación de un nuevo gobierno que como en el caso del de Johnson, recién ha tomado control de la legislatura, provocó la ira de millones de ciudadanos del Reino Unido cuando la misma se toma a escasos dos meses de que se cumpla el plazo (31 de octubre), para que Inglaterra negocie con la Comunidad Económica Europea (CEE), la salida de esa entidad, ya sea, mediante una negociación o bien se dé lo que se conoce como un Brexit duro, una salida sin acuerdo en donde de la noche a la mañana se rompa el vínculo que unía a Inglaterra con el resto de Europa organizada bajo la CEE.
Los eventos que se suceden luego de la decisión del Primer Ministro (la Reina, legalmente no podía oponerse a la misma,) se comparan ya, hasta en la televisión pública británica, como la mayor crisis vivida por ese país desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la oposición, creciente y amalgamada ante la arbitraria medida, ha provocado manifestaciones multitudinarias, se reportan ya que más de un millón de personas han firmado una petición para solicitar la revocatoria de la misma y la libra esterlina se ha derrumbado frente al dólar a niveles mínimos.
La oposición razona que para cuando el Parlamento retome nuevamente sus funciones quedarán escasas dos semanas para el plazo perentorio fijado para el Brexit y que de esa manera Johnson se garantiza silenciar las críticas y los intentos de quienes pretenden negociar el Brexit, convocar a un nuevo referéndum sobre el mismo y ahora, hasta pedir una juicio político al actual Primer Ministro.
En mi opinión, un gobierno democrático no puede valerse de artilugios o recovecos legales para evitar el debate, la información y la transparencia de sus decisiones, sobre todo si los mismos, como es el caso del Brexit, tienen consecuencias extremas para su país o para el resto del continente europeo. Johnson con su medida manifiesta aquello que reflejan los gobiernos que son incapaces de manejar la tolerancia para con las opiniones disidentes o los intereses distintos a los suyos, prefieren esconder y evadir, quizás porque sus decisiones o sus argumentos carecen del peso necesario para ventilarlos o exponerlos frente a los de los demás. Evidentemente Johnson se prepara para salir corriendo sin pagar la cuenta, una medida que tendrá consecuencias para la economía mundial en un momento en el cual ya los acontecimientos no son los mejores.
