El tema de la corrupción será, sin duda alguna, el más complejo de los que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno que presidirá el doctor Alejandro Giammattei porque nadie puede negar que ese vicio se encuentra enraizado en la sociedad guatemalteca. Las evidencias que aportaron las investigaciones de CICIG son apenas la punta del Iceberg porque tenemos que entender que se ha desarrollado una costumbre tan generalizada que se llega a considerar normal el saqueo del erario y las prácticas de soborno en las gestiones ante la administración pública.
Giammattei ha insistido en que su estrategia no va sólo a capturar a los corruptos sino busca implementar mecanismos administrativos que permitan combatir la corrupción tan generalizada y enraizada. Y tiene razón porque sin una nueva matriz de compras y contrataciones y sin una Contraloría eficiente que de verdad fiscalice el gasto público y otras disposiciones draconianas al respecto, por más que se lleve a la cárcel a los corruptos continuarán las mañas porque los procedimientos y la impunidad son los grandes alicientes para la comisión de actos corruptos en el desempeño de las funciones públicas y para que los particulares compren favores de todo tipo de funcionarios.
Pero digo que a Dios rogando y con el mazo dando porque atacar las causas de la corrupción tiene que ir de la mano de la persecución de los corruptos, tanto funcionarios o empleados públicos como particulares acostumbrados a obtener licencias o contratos mediante jugosos sobornos. Es imperativo trabajar en las dos vías puesto que es tan profundo el vicio y tan arraigada la costumbre que no bastará con la implementación de cambios administrativos. Hará falta una firme determinación también de castigar a los que en este país se enriquecen a costa de las necesidades tan dramáticas de nuestra gente.
Lo pudimos ver cuando se dispuso la prohibición para usar el celular mientras se conduce y cuando se ordenó la utilización del cinturón de seguridad. Hizo falta que se aplicaran fuertes multas a los automovilistas para que se creara una nueva actitud ciudadana y tuvo notable efecto la certeza del castigo porque la gente dejó de usar los celulares y empezó a utilizar los cinturones.
Lo mismo tenemos que hacer con la corrupción, puesto que el principal elemento para disuadir esa práctica será la certeza de que quien la hace la pague. Por supuesto que entendiendo que ello no será suficiente si mantenemos el arca abierta, que es lo que ahora tenemos gracias a las incontables disposiciones que a lo largo de muchos años se han dispuesto para alentar y facilitar la corrupción. Es indispensable la reforma de las instituciones y la reforma de nuestra legislación para establecer procedimientos transparentes en la gestión pública, pero entendiendo que no podemos olvidar aquella vieja expresión de que “hecha la ley, hecha la trampa” pues por eficiente que sea el modelo que se implemente, no faltarán los expertos en jugarle la vuelta a la ley.
Es absolutamente cierto que es indispensable esa reforma del Estado para combatir la corrupción y que no basta con meter presos a los corruptos. Pero también lo es que sin que exista la certeza del castigo, los pícaros seguirán haciendo de las suyas pervirtiendo, como lo han hecho desde hace mucho tiempo, todas las prácticas de la administración pública.
