Raúl Molina
No ha pasado ni una semana de la ignominiosa Segunda Vuelta del megafraude electoral y todo en Guatemala parece volver a la “normalidad”, interpretada como la continuidad de abusos y agravios de la dictadura de la corrupción, que en los más de cien días por delante continuará con su asalto del Estado, en lo jurídico, político y económico. La prensa actúa como que si el Gobierno que se apresta a asumir el 14 de enero fuese legítimo y una opción de cambio; se siente obligada a concederle el beneficio de la duda al Presidente próximo, porque así lo determinan “las buenas costumbres” de las “instituciones democráticas”. No obstante, el único cambio positivo será no tener más a Jimmy en la Presidencia (ese golpe de suerte debería llegar todavía en 2019). Se trata de un cambio de la estafeta en la defensa de la corrupción y la impunidad, tanto de gobernantes, funcionarios, legisladores y magistrados, como de los poderosos que se mueven en las sombras del oscuro sistema político. Los únicos cambios serán cosméticos, como el desmantelamiento de la SAAS (volverá el Ejército o se pedirá ayuda a la Mossad) o el supuesto estudio de la compra-venta de la soberanía nacional para darle a Trump su represivo instrumento, el Tercer País Seguro, es decir, la “jaula centroamericana” y campo de concentración de guatemaltecas y guatemaltecos. Por ello, al igual que la trayectoria de Giammattei como funcionario público, niego al ungido el beneficio de la duda.
Aparte de la inconstitucionalidad, ilegalidad e ilegitimidad de su elección -lograron darle más votos porque impidieron la participación de Thelma Aldana, quien fácilmente hubiese derrotado a Sandra Torres- han salido de la propia boca de Giammattei otras razones para rechazarlo. Ofrece reinstalar la pena de muerte, que va en contra del Pacto de San José, firmado por todos los países de América Latina y el Caribe. Se ha demostrado en muchas partes, incluido Estados Unidos, que la pena de muerte no detiene la violencia criminal y ha sido responsable de ejecuciones de inocentes. Con actitud totalmente punitiva e irrespetuosa de elementales derechos humanos, proclama que las visitas conyugales a los presos serán suspendidas, “para que se arreglen entre ellos”, es decir, incita a la violación sexual. Por más de cincuenta años se ha establecido la doctrina jurídica de que los centros carcelarios deben buscar la regeneración de los presos y no su deshumanización y penalización. Así, se presume que las acusaciones sobre la mal llamada “limpieza social” durante su paso por el Ministerio de Gobernación tenían altas dosis de veracidad. También ha vociferado a favor de criminalizar la pertenencia a las maras, cuando en aplicación del derecho, solamente se pueden criminalizar los hechos y actuar contra los presuntos delincuentes solamente después de cometerse. Posteriormente, también se criminalizará a las y los migrantes y no digamos a los opositores políticos, usando cualquier ley que un Congreso dócil apruebe en el futuro. Niego cualquier beneficio de la duda para el Gobierno de VAMOS; es ya más de la pestilente asquerosidad del FCN-Nación y puede ser peor.
