Ayer la fiscal general Consuelo Porras dejó en claro que no contratará a los expertos que trabajaron con la CICIG en la investigación de los principales casos de corrupción que aún se ventilan en los Tribunales de Justicia y que el proceso se hará con personal seleccionado por el Ministerio Público, dejando al margen a quienes tienen la preparación y experiencia para apuntalar las acusaciones en el momento decisivo de sentencia. El comisionado Iván Velásquez había expresado su preocupación por la falta de respuesta del MP al planteamiento que se hizo para concretar la cacareada transferencia de capacidades de una institución a otra y, forzada por las circunstancias, la Fiscal terminó por reconocer que no es el personal de CICIG el que será contratado para “fortalecer” a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
No puede nadie sorprenderse porque parte de lo pactado es que el final de la CICIG en Guatemala signifique la garantía de impunidad para los que han sido sindicados de diversa clase de delitos de corrupción. Desde el presidente Jimmy Morales hasta el expresidente Otto Pérez, todos necesitan que los casos que han sido investigados se vayan cayendo como castillos de naipes y para ello es indispensable que los que tienen toda la información, conociendo la cadena de las investigaciones y las pruebas que las soportan, dejen de aparecer en los juzgados para que los procesos tengan que terminar en absoluciones “por falta de elementos probatorios”.
¿Para qué se iba a nombrar a una Fiscal General al gusto del cliente si la misma terminaría aceptando que los expertos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad fueran contratados por el Ministerio Público para apuntalar todos los casos? Es más que evidente el sentido de la designación de la señora Consuelo Porras y hasta la fecha no les ha fallado en nada. Se encargó de hacer correr a los fiscales para que presentaran una acción a toda prisa a fin de evitar la inscripción de Thelma Aldana y protegió a la representante del sistema. Se ha declarado en eterna y permanente vigilancia, para justificar de esa manera la inacción del MP que, por ejemplo, ha entrampado el caso de financiamiento electoral ilícito en el que aparecía como principal vinculado el señor Jimmy Morales, al tiempo que se hacían acuerdos bajo la mesa con los poderosos financistas para reducir su responsabilidad penal.
Nadie podía suponer que la señora Consuelo Porras iba a contratar a los expertos que podían apuntalar los casos de corrupción que entran ya a su fase final. Era obvio que, por los antecedentes que demuestran a qué se comprometió cuando fue nombrada, que lo que menos le importaba era contar con gente capacitada para fortalecer a la FECI en esta etapa crucial de cierre de los casos que fueron deliberadamente retardados maliciosamente por los abogados para esperar, justamente, el día en que ya sin CICIG presente se llegara a la etapa decisiva.
Pero que no nos engañen más con que hay transferencia de capacidades porque esa patraña ha quedado en brutal evidencia.
