Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Entrevistado ayer en CNN en español por Fernando del Rincón, el Presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, hizo énfasis en que el problema central de nuestro país va más allá de los casos de corrupción que se están procesando y que tiene que ver esencialmente con la perversión de todo nuestro sistema. Según sus palabras, si realmente queremos combatir la corrupción no basta con meter presos a los corruptos sino que hace falta enderezar el sistema con reformas profundas para modificar procedimientos muy arraigados que son el caldo de cultivo para que los funcionarios se beneficien con sobornos y los particulares compren sus privilegios sin asomo de rubor.

La verdad es que el esfuerzo de la CICIG y la anterior administración del Ministerio Público fue un hito en la historia porque aunque todos sabíamos de la existencia de la corrupción, el destape de los casos con la aportación de pruebas tan contundentes sirvió para que la ciudadanía cobrara conciencia de cuán podrido está todo el sistema. Por ello fue que, en cumplimiento del mandato de la Comisión que incluía hacer propuestas para proponer reformas de fondo, se planteó la reforma constitucional para todo el Sector Justicia que, como el resto de la institucionalidad, está cooptado por intereses perversos que se nutren del deseo común de los poderes fácticos de asegurar impunidad para que no sea castigado el delito de los criminales de cuello blanco.

Esa propuesta de reforma fue tan certera y al grano que generó la primera gran alianza de los esfuerzos anti CICIG. Recordemos que inicialmente los tres poderes del Estado, la sociedad civil y la opinión pública respaldaron la iniciativa. Hasta el empresariado mostró apoyo inicial, pero cuando se vio la dimensión del cambio todos empezaron a zafar bulto porque no les convenía romper con un molde que había sido tan rentable y se usó el tema del derecho indígena como caballito de batalla para destruir el esfuerzo. Los pueblos indígenas fueron tan maduros que pidieron que se retirara de la propuesta todo lo que se refería al tema porque para ellos era más importante el cambio del sistema que su particular derecho.

Y ni esa actitud de los pueblos originarios sirvió porque la decisión ya estaba tomada para torpedear la reforma que iba al corazón mismo de la impunidad que, como repito, ha sido tan útil para poderosos sectores del país.

Cito todo lo anterior porque si Giammattei se propone entrarle al sistema para un combate a la raíz misma de tanta corrupción, se debe preparar para la madre de todas las batallas porque se enfrentará no sólo a los pícaros sino a toda esa multitud que han logrado aglutinar para ser usados como tontos útiles que en defensa de vacías ideologías se convierten en la multitud que apaña sin darse cuenta de la existencia de un modelo perverso que nos impide trabajar por el bien común. Tontos útiles que gritaban por la soberanía para sacar a la CICIG y que ahora callan cuando el Gobierno cede a la extorsión de Trump que es la más grosera agresión a la soberanía.

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