Adolfo Mazariegos
Al momento de empezar a escribir estas líneas, Guatemala aún se encuentra en mitad del día en que la ciudadanía concurre a las urnas para emitir el sufragio, por lo tanto, no se sabe quién de los dos aspirantes a la primera magistratura del país será quien esté al frente del Ejecutivo (pero lo sabremos ya, seguramente, cuando aparezcan publicadas). Esto me permite, sin tener aún el conocimiento de quién es el nuevo presidente o presidenta electo o electa, hacer una breve reflexión en torno a la necesidad que tendrá el nuevo (o nueva) gobernante de mostrar resultados inmediatos y concretos en su gestión, ya que se encontrará con un escenario en el que tendrá que recuperar mucho del camino perdido para el país (por decirlo de alguna manera), y por lo tanto, tendrá que actuar con mucha prudencia, con transparencia, y con una visión de consensos y de reforma y fortalecimiento institucional. En tal sentido, es indiscutible la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado, pero no solamente la participación entendida como el hecho de acercarse a las urnas en un proceso electoral para emitir su voto, sino como el seguimiento, la fiscalización y la realización de eso que muchos denominan auditoría social que, sin duda, puede constituirse en algo valioso para el incipiente sistema democrático guatemalteco. Otro tema a considerar es la imperante necesidad de que el Ejecutivo impulse, sin que ello implique interferencia de poderes o aprovechamiento en función de intereses personales o sectoriales, un trabajo legislativo transparente y honesto, congruente con la realidad nacional y en función de lo que se supone sea el beneficio colectivo (el famoso bien común). Resulta urgente, por tanto, la reforma de leyes que muchos de los que ahora formarán parte del nuevo Congreso utilizaron como caballito de batalla en sus respectivas campañas y que durante la legislatura que está por concluir fueron terriblemente manoseadas (algunas) como la Ley Electoral y de Partidos Políticos; y otras que ni siquiera han sido puestas con seriedad sobre la mesa de discusión como la Ley del Servicio Civil y la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, entre otras. Un tercer tema que también valdría la pena tener en consideración en virtud de que no es menos importante es el presupuesto del Estado que deberá aprobarse en breve: ambos candidatos hicieron ofrecimientos de distinta índole, algunos de estos ofrecimientos inclusive fueron catalogados como abiertamente populistas e irrealizables. Los ofrecimientos de campaña tuvieron poca sustancia, poco sustento, particularmente en lo concerniente a explicar claramente cómo y de dónde saldrán los recursos para ejecutar todo lo que han ofrecido. El panorama que espera al país y a quien lo gobernará durante los próximos cuatro años francamente no es alentador, pero es, sin duda, una gran oportunidad para hacer bien las cosas desde el principio, con honestidad, con transparencia, con apego a la ley, y como ya decíamos, en función del bien común.
