Víctor Ferrigno F.
A Robin Mayro García, in memoriam
Ayer por la mañana se presentó el estudio “Impunidad y Redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala”, el cual ha levantado un revuelo inmediato, pues devela cómo operan las redes ilícitas, y quiénes son sus principales operadores en los ámbitos jurídico y político.
El investigador principal del estudio es Harald Waxenecker, historiador con 20 años trabajando en Centroamérica, quien contó con el apoyo de Rootman Pérez y Andy Javalois. La investigación fue coauspiciada por las Fundaciones Myrna Mack, de Guatemala, y Heinrich Böll, de El Salvador.
Desde 1996, la Fundación Myrna Mack (FMM) sostiene que ellos analizan la impunidad en el contexto específico de Guatemala, partiendo de la premisa que, más que un concepto alrededor del cual pueden desarrollarse teorías jurídicas, la impunidad es una realidad histórica que marcó profundamente al país y que continúa configurando su presente, en los ámbitos cultural, político, social, psicológico y jurídico.
Así, para la FMM, “la impunidad en Guatemala trasciende las instituciones estatales, funcionarios y autoridades, al ser impulsada por poderes ocultos e, incluso, por la indiferencia ciudadana. Se manifiesta, fundamentalmente, como una distorsión del Sistema de Justicia, sostenida por una intrincada red de mecanismos a través de los cuales opera. Estos mecanismos vedan la consolidación del Estado Constitucional Democrático de Derecho y constituyen instrumentos para la negación del valor y la dignidad de las víctimas”.
Según el estudio presentado, “La (re)producción cíclica de poder e impunidad no es una problemática nueva en Guatemala, pero en los últimos años, se han conseguido algunos avances: de acuerdo a Amnistía Internacional (2019: 4), se …han logrado identificar a más de 60 estructuras criminales operando hasta en las más altas instituciones del Estado entre el 2007 y 2018. […] Durante la misma época, los crímenes de derecho internacional perpetrados durante el conflicto armado finalmente empezaron a llegar ante la justicia…”.
La CICIG (2019: 5) también observa avances, “…en 2008 Guatemala poseía un nivel de impunidad de aproximadamente 98%; mientras que en 2018, éste ya se había reducido a un 94.2%”. Sin embargo, el Pacto de Corruptos ha frenado y puesto en riesgo estos avances, bajo la asesoría de Acisclo Valladares Molina y Antonio Arenales Forno.
Según los autores, “Este ensayo reconstruye una línea histórica de casos paradigmáticos que muestran las transformaciones (continuidades y rupturas) de estas estructuras y redes ilícitas. Es una realidad histórica de desigualdades de poder y riqueza, que se reproducen en la impunidad”.
Mediante el análisis de 51 casos judiciales de corrupción e impunidad, se identificó a 482 abogados defensores que se interconectan por diversas causas. De ellos, 175 están “al servicio de la criminalidad”, sostiene Waxenecker.
Afirman que “Es una interconexión sistemática en cuyo centro se identifican operadores clave: Marco Aurelio Alveño, Juan Alberto Guevara, Francisco García Gudiel, Moisés Eduardo Galindo Ruiz y Roberto Stalling Sierra. Se articulan alrededor de entramados político-militares de corrupción y del crimen organizado (específicamente del narcotráfico)”.
Ayer mismo, tras una inclaudicable lucha de 28 años contra la impunidad, la FMM y el MP lograron condenas de más de 35 años contra cuatro ex detectives de la extinta Policía Nacional, quienes asesinaron al investigador José Miguel Mérida, quien identificó al asesino material de Myrna Mack, un crimen de Estado ordenado desde la cúpula del Estado Mayor Presidencial. Con Hellen Mack y Monseñor Gerardi decimos: ¡Guatemala, nunca más!
