Ayer, en el curso de la audiencia que la Comisión Pesquisidora del flamante Congreso de la República otorgó al licenciado Acisclo Valladares, ministro de Economía, uno de los integrantes aprovechó el interrogatorio para preguntar al funcionario del Ejecutivo si él pensaba que, como decían los medios malintencionados, la Pesquisidora estaba haciendo una defensa oficiosa de quien tenía que ser objeto de la pesquisa. En otras palabras, el diputado le preguntó a quien en todo caso sería el beneficiado de su benevolencia si él creía que lo habían apapachado en el curso de la función que por mandato constitucional les obliga a evaluar de manera objetiva la sindicación para determinar si ha lugar o no a la formación de causa.
Ni falta hace poner la respuesta que Valladares dio a tan torpe pregunta. Por supuesto que tiene que decir que él ha sido objeto de una pesquisa objetiva y sin sesgo porque él no es tan baboso como quien le preguntó y jamás podía decir que lo están protegiendo para desestimar el caso que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, a pesar de que los “medios malintencionados” hayan reportado hasta la forma grosera en que fueron tratados quienes en nombre de esos dos entes investigadores llegaron a exponer las razones de la denuncia en contra del funcionario que goza del derecho de antejuicio.
Porque no es únicamente que se hayan portado “buena gente” con el funcionario del Ejecutivo, sino que llamó la atención la forma burdamente grosera en que rebatieron lo que exponían los fiscales e investigadores de la CICIG. A la personera de la comisión internacional hasta la regañaron como si fueran sus jefes y le llamaron seriamente la atención por andar haciendo acusaciones que, a juicio de los pesquisidores, eran impropias y que no debían darse en el curso de las audiencias.
La Pesquisidora está conformada por miembros de la Junta Directiva del Congreso integrada de manera absoluta por quienes se han identificado como miembros prominentes del Pacto de Corruptos y era sabido de antemano que una pesquisa de ellos no iba a traducirse en ninguna resolución para permitir que continuaran las investigaciones mediante el retiro de la inmunidad de nadie que fuera objeto de una acusación formulada por la FECI y la CICIG. Por ello todas las audiencias fueron un auténtico circo porque no hubo ni un miembro de la Comisión Pesquisidora que tomara en serio su responsabilidad y cumpliera con el deber de analizar objetivamente los hechos y sindicaciones.
