Adolfo Mazariegos
Hace poco más de un año dediqué este breve espacio a una reflexión en torno a las terribles estadísticas que entonces reflejaban una preocupante y sintomática realidad en el país: los embarazos en menores de edad. En virtud de una muy breve conversación que sostuve con un pequeño grupo de amistades ayer domingo, acerca del mismo tema, recordé aquel artículo, razón por la cual me permito reproducir los datos y breves reflexiones de aquella publicación, comparándolos con datos actualizados del presente año, dado que la situación abordada entonces, lejos de mermar en cifras, se ha incrementado considerablemente. A saber. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); del Registro Nacional de las Personas (Renap) y del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), tan sólo de enero a julio del presente año (2019), se ha registrado un total de 31,721 embarazos en menores comprendidas entre los diez y los diecisiete años (inclusive), cifra que ha aumentado en comparación con los datos del mismo período del 2018 que daban un total de 25,402 embarazos en menores comprendidas en el mismo rango de edades (contabilización propia con datos obtenidos en: https://osarguatemala.org/embarazo/), números de por sí bastante altos, siendo 721 de esos embarazos, de niñas cuyas edades van de los 10 a los 13 años (he ahí lo verdaderamente alarmante; también en aumento comparado con la cifra del año anterior que era de 417); algo realmente inaceptable y repudiable en virtud de que pone de manifiesto no sólo el hecho del embarazo en sí, sino que adicionalmente desnuda una serie de actos delictivos que se dan en el entorno de las niñas y adolescentes y que debieran ser denunciados, perseguidos y llevados ante la justicia, puesto que involucran, las más de las veces, violaciones y abuso infanto-juvenil cuyas consecuencias no siempre son solamente el embarazo de la niña o adolescente abusada (que ya es mucho decir, por supuesto) sino que además pone de manifiesto aberraciones y problemas culturales y educativos serios, dado que –no generalizo, pero– en un considerable número de casos, el abusador es un familiar o amigo cercano a la víctima, lo cual agrava la problemática ya que muchas veces eso suele convertirse en óbice para la realización de la denuncia y la persecución del delito. Es evidente que las políticas públicas en materia de salud y educación (entre otras) tienen serias falencias en la temática, no han sido eficientes ni eficaces para contrarrestar o disminuir esos índices que sencillamente no debieran existir y que cambian la vida de muchas menores de edad antes de tiempo y para siempre, además de factores psicológicos, económicos y de salud que se suman y que, aunque parezca frívolo mencionar, tienen incidencia directa en su psique, en su cuerpo y en su vida a todo nivel. Es urgente, sin duda, hacer algo para evitar que se repitan o se incrementen, año tras año, las cifras de niños dados a luz por niñas.
