Es manifiesta la actitud del Gobierno de Guatemala de mantener en secreto lo pactado con Estados Unidos, de manera que no se pueda conocer exactamente el alcance del acuerdo suscrito para comprometer a Guatemala en el tema de la migración para quienes buscan refugio o asilo en aquel país.
Los ministros de Gobernación, quien firmó el acuerdo, y de Relaciones Exteriores, se han limitado a repetir el palabrerío del documento que presentaron y que fue cuidadosamente redactado para encubrir el concepto de Tercer País Seguro que, sin embargo, el presidente Trump expuso sin tapujos ni reservas.
Ahora viene el Secretario interino de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, quien vuelve a Guatemala para reunirse con distintos actores sociales, y podrá comprobar que la falta de claridad ha sido uno de los mayores problemas entre la sociedad guatemalteca porque no se tiene ni asomo de confianza en lo que puedan decir los funcionarios del gobierno respecto a lo acordado. No se descarta, desde luego, que la visita también sea para presionar a fin de impedir reveses legales que dejen en el limbo el intento de convertir a Guatemala en ese Tercer País Seguro que la administración norteamericana ha estado buscando desde hace varios meses y para lo que ejerció fuertes presiones sobre México y nuestro país.
El Secretario deberá entender que cualquier acuerdo de este tipo tiene que ser producto de una negociación en sentido estricto, lo que significa que las partes tienen que hacer aportes para lograr un objetivo de beneficio común, situación que no se dio en el caso presente porque bastó un tweet del Presidente Trump para hacer que fuera innecesaria toda negociación, pues lo que hubo fue un allanamiento de Guatemala a la exigencia de la Casa Blanca. Ni siquiera se sabe, a estas alturas, cómo se financiarían los gastos derivados de la necesaria atención que se debe dar a los refugiados o solicitantes de asilo que deban permanecer en nuestro país en tanto se tramita su solicitud.
Tal vez es hacernos falsas ilusiones esperar que haya más claridad ahora, puesto que no se debe descartar que si algo se pactó fue el lenguaje enredado del acuerdo para que sirviera a los fines del Gobierno guatemalteco para enturbiarlo de manera que se puedan dificultar las acciones legales en su contra. No es casual la forma en que se redactó el acuerdo y en eso sí que hubo negociación entre las partes para coincidir en sembrar confusión y evitar la claridad y transparencia. Ojalá la claridad al fin prevalezca.
