Víctor Ferrigno F.
Al firmar con la administración Trump el Acuerdo de Tercer País Seguro, aunque con otro nombre, Jimmy Morales rompió el marco constitucional del país, contravino un mandato judicial de la Corte de Constitucionalidad (CC), violó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, burló la voluntad soberana del pueblo de Guatemala y, sobre todo, nos impuso el compromiso de recibir y atender a cientos de miles de emigrantes que, cada año, solicitarán asilo en EE. UU., lo cual provocará una crisis humanitaria y de seguridad.
Como expliqué en mi columna de la semana pasada, buscando impunidad, a Morales se le hizo fácil ofrecerle a Donald Trump que Guatemala se constituiría en Tercer País Seguro (TPS) para retener en nuestro suelo a los miles de migrantes que soliciten asilo en EE. UU., hasta que sus casos se resuelvan, obviando que firmar un convenio de esa naturaleza requería de una ratificación del Organismo Legislativo. Varios actores presentaron sendos amparos, para prevenir el daño, ante la Corte de Constitucionalidad y ésta frenó al Presidente, provocando la ira de Trump, quien ayer amenazó con aplicarnos aranceles y gravar las remesas, lo cual paradójicamente incrementaría la pobreza y la emigración.
La amenaza no era poca cosa, pues EE. UU. es el principal socio comercial de Guatemala, país al que se destina el 36.4% de nuestras exportaciones, y tras catorce años de vigencia del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) se alcanzará el 97% de desgravación arancelaria. Además, las remesas sumaron US$9 mil 287.7 millones –Q70 mil millones– el año pasado y significaron un crecimiento del 13.3% respecto del 2017, triplicando el conjunto de las exportaciones del país a EE. UU. lo cual mantiene a flote nuestra economía.
Al Gobierno y a la cúpula empresarial les temblaron las canillas y decidieron renunciar a nuestra escasa soberanía y ponerse de alfombra de Trump, firmando un ilegal tratado que tendrá nefastas consecuencias para nuestro desarrollo. Baste considerar que a finales de 2018, el secretario de Estado, Mike Pompeo, informó que esperaban unas 310 mil solicitudes de asilo para 2019, de las cuales concederían unas 30 mil.
En consecuencia, Guatemala deberá atender cada año las necesidades de unos 300 mil migrantes, incluidos niños, equivalente al 70% del incremento poblacional anual del país, lo cual será imposible y generará grandes conflictos sociales, máxime que en el acuerdo migratorio EE. UU. no asume la obligación de financiar esa carga.
Por el tamaño y trascendencia de este fenómeno multidimensional, el Presidente debió efectuar una Consulta Popular, al tenor del Artículo 173 constitucional: “Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos”. Además, debió advertir a EE. UU. que la firma del denominado acuerdo de “Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección” requería de aprobación legislativa, tal como se lo mandató la CC.
Finalmente, el acuerdo de marras es nulo por contravenir el Artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pues fue firmado bajo la coacción pública del presidente Trump, y ya ha sido impugnado mediante dos acciones constitucionales de amparo.
Como lo hizo el Gobierno de México, que antepuso su soberanía a las amenazas de Trump, se debió negociar una salida digna y realista. Eso, si Jimmy Morales fuera un estadista probo, si valorara el Estado de Derecho, si tuviera dignidad, si respetara al pueblo que lo eligió. Es decir, si no fuéramos una sociedad que ha hecho del servilismo su destino manifiesto, y se deja gobernar por un cómico que solo sabe hacer llorar.
