Jesús Alvizures
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Estos gobernantes tienen similitud de ideas y quieren imponer su voluntad a fuerza de amenazas y falsas acusaciones; más han de entender que si sus acciones no son viables serán rechazadas por el escaso grupo de juzgadores que aplican la Ley conforme a las normas jurídicas que rigen el país. La Corte de Constitucionalidad actuó dentro de sus funciones para proteger a la nación y sus ciudadanos de un gravamen incontrolable de migrantes al convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro; negociaciones a espaldas del Congreso de la República, la ciudadanía y otros entes que debieron estar enterados del tema que se estaba cocinando.
Jimmy Morales es claro que es el presidente, pero no tiene la potestad para decidir por sí solo el destino de qué se hace y qué conviene a la nación por sí solo; él tiene caprichos gobiernistas como los de su homólogo Donald Trump que anda peleando con muchos países y los amenaza con sanciones comerciales; quiere que se haga su voluntad y el accionar no es así; hay que buscar vías legales que lo permitan.
Sin el aval del Congreso de su país, dice Trump que va a gravar el comercio y las remesas que envían a sus familias quienes laboran en su país y son una inyección a la economía guatemalteca; en su discurso se muestra enojado igual que Morales esparciendo acusaciones contra todos los que se han pronunciado en contra de esas negociaciones, incluyendo las que lleva a efecto Degenhart que dice que incluyen visas de trabajo en el área-rural de EE. UU.
Cómo se puede hablar de beneficios para Guatemala si ellos han andado entorpeciendo el desarrollo integral de las familias pobres del área rural donde se dan los corredores secos y la desnutrición de tanto niño y adulto; el remedar de los ministerios encargados es darles bono de Q200 fuera de tiempo para uno o dos días de alimentación cuando ya están muriendo de hambre; mientras los corruptos se sirven con la cuchara grande de la corrupción. Ley que han querido modificar para una despenalización general. Se está en el círculo que encierra la pobreza que obliga a las personas a migrar buscando nuevos horizontes; y esto los gobiernos del fallido Triángulo del Norte no lo ven.
El engranaje laboral debe ser atendido en la ciudad y el campo; para los unos generar empleos con inversión económica; y a los otros dándoles herramientas de labranza, tierra y préstamo condicionado a devolución. Y que no se diga que no hay recursos, porque se han extinguido grandes extensiones de tierra al narcotráfico y capital en dólares que pueden servir para cambiarle el rostro de pobreza al país. Y evitar la migración; está donde muchos lamentablemente han encontrado la muerte.
La oposición a las disposiciones gobiernistas no corresponde a caprichos; tienen el sustento de la verdad, viéndolo con el ojo justiciero, concepto de ciudadanos en su territorio; mismo que se quiere convertir en área desde donde los migrantes de cualquier país puedan solicitar a los americanos visas de trabajo. Los convenios o acuerdos al final de un mandato presidencial no se deben dar.