El esfuerzo por descabezar la Corte de Constitucionalidad sigue avanzando a pasos agigantados y ahora el Congreso promueve el antejuicio contra tres magistrados por excederse, según ellos, en sus facultades a la hora de resolver Amparos interpuestos. Es importante señalar que los críticos de la CC, entre los que están el mismo gobierno de Jimmy Morales y sus decididos aliados dentro del sector empresarial y hasta editorialistas de medios que en otras secciones critican a Morales, evidentemente no entienden que nuestra ley específica, que tiene rango constitucional, establece clara y tajantemente que no hay ámbito que no sea susceptible de Amparo y por lo tanto es competencia de la CC, constituida en Tribunal de Amparo, conocer tanto de las solicitudes que se presenten en temas relacionados con política exterior como con la actividad legislativa, cuando las mismas pongan en riesgo derechos y garantías constitucionales de manera que se pueda causar un perjuicio irreparable.
En el caso del acuerdo de Tercer País Seguro el Amparo fue producto del secretismo utilizado por el Gobierno para negociar un asunto de tan graves repercusiones para el país. El Gobierno, al evacuar la audiencia respectiva, negó que existiera un plan para suscribir ese convenio y resulta que el mismo Trump ha confirmado que ya estaba asumido el compromiso. Lo firmarían el lunes 15 de julio en la cita concertada en la Casa Blanca y que fue cancelada por el mismo Trump al ser informado de la resolución de la Corte guatemalteca.
Habla elPeriódico del “interminable e insoportable pulso político” entre el Gobierno y la CC como si fuera una especie de pleito callejero y no estuviera en juego el Estado de Derecho en el país. El Gobierno ha tomado acciones violatorias de la ley, como la declaración de non grato al comisionado Iván Velásquez y la expulsión de la gente de la CICIG y obviamente la Corte de Constitucionalidad tramitó y otorgó los amparos correspondientes. Ello no fue un pulso político sino un pulso sobre la legalidad de las acciones del Gobierno que se produce en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
Que empresarios que no entienden ni conocen la Ley de Amparo arremetan contra la CC se entiende por esa ignorancia, pero que la gente de Gobierno hable de desobedecer lo que ellos llaman “órdenes ilegales” es inaudito porque no son ellos los llamados a tipificar como tal una disposición del tribunal Constitucional y existen los mecanismos para impugnar esas resoluciones si se estiman contrarias a derecho. Descabezar la CC en ese contexto es un típico golpe de Estado.
